Dujovne le dijo que no a Rocca: “lo pretendido por Tecpetrol es irrazonable”

La operadora reclamaba los subsidios por la producción adicional de gas en Fortín de Piedra.

El Ministerio de Hacienda rechazó el recurso administrativo presentado por la petrolera Tecpetrol, perteneciente al grupo Techint de Paolo Rocca, que cuestiona el eventual impago de subsidios en la producción de gas natural en la formación de Vaca Muerta.

La empresa reclama subsidios por el doble de lo aprobado porque la producción adicional fue conseguida con una inversión mucho mayor a la presentada. En marzo de 2017, el gobierno nacional creó el Programa de
Estímulo a las Inversiones -la famosa Resolución 46- para acelerar las inversiones en Vaca Muerta.

Tecpetrol rápidamente anunció un plan de deserrollo en Fortín de Piedra con una inversión de u$s 2300 millones hasta 2019 y una producción de gas no superior a 10 millones m3/día. Cuando aceptan a la operadora en el Programa, lanza un nuevo plan de inversiones de u$s1723 millones hasta 2021 y una máxima de 8,5 millones de m3/día.

Sin embargo, en numerosas declaraciones públicas la empresa dejó en claro que estimaba producir más de 15 millones m 3 /día hacia fines de 2018, con mayores inversiones respecto de lo informado al Estado. En abril de Tecpetrol informó a las autoridades nacionales que duplicaría su producción respecto de la curva aprobada.

Este nuevo plan de producción nunca fue aprobado por el Gobierno. Aquí comenzaron los conflictos: la empresa pretende cobrar subsidios por el total de volumen producido o por el volumen informado en abril de 2018.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne le bajó el pulgar a la empresa de Paolo Rocca. “Lo pretendido por Tecpetrol es irrazonable y constituiría un abuso de derecho”, dice el comunicado emitido por el ministerio.

“No corresponde pagar subsidios por encima del volumen informado y aprobado”, agrega. Y después detalla: “El monto del subsidio no puede quedar sujeto al arbitrio de la empresa, máxime cuando la información provista al Estado al solicitar la aprobación fue inexacta, y cuando la empresa tenía la obligación de presentar información completa, veraz y actualizada y comunicar de inmediato toda novedad que afectara de manera significativa el proyecto”.