La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la suspensión inmediata de todos los trabajos vinculados al petróleo en el yacimiento Caimancito.
Así lo dispuso por mayoría el máximo tribunal del país, mediante una medida cautelar ante la acción de amparo por “daño ambiental” promovida por vecinos de la capital jujeña y la localidad de Lozano de esa provincia, para que se declare inconstitucional la explotación petrolera en el área, que está dentro del parque Nacional Calilegua.
La demanda está dirigida contra la Administración de Parques Nacionales, el Estado Nacional y el provincial, el Municipio de Yuto y las sociedades anónimas Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Pluspetrol y la UTE integrada por las firmas Petróleos Sudamericanos y Necón.
La acción de amparo pretende que se declare la “nulidad absoluta” de los actos administrativos que autorizaron la actividad (iniciada en 1969), entre los que se encuentra la adjudicación de la concesión por parte del Estado Nacional y aprobación de la cesión de la explotación petrolera efectuada por la Provincia de Jujuy.