La orden pretende corregir una de las últimas y más polémicas medidas medioambientales del expresidente Donald Trump.
El Gobierno de Estados Unidos justifica la suspensión temporal de los contratos de extracción de hidrocarburos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska, alegando “múltiples deficiencias legales” del Programa de Arrendamiento de Petróleo y Gas de Coastal Plain (Llanura Costera). Por esta razón anuncia “un nuevo y exhaustivo análisis de los posibles impactos ambientales del programa de petróleo y gas” para determinar el futuro de las actividades extractivistas en la zona, hábitat de múltiples especies salvajes en peligro de extinción. Sin embargo, la decisión final podría acabar en manos de la justicia.
“A la luz de supuestas deficiencias legales, incluida la insuficiencia de la revisión requerida por la Ley Nacional de Política Ambiental, la Secretaria de Interior deberá, según corresponda y de conformidad con la ley, establecer una moratoria temporal de todas las actividades del Gobierno relacionadas con la implementación del Programa de Arrendamiento de Petróleo y Gas de la Llanura Costera, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico”, reza el texto dictado por el responsable del Departamento de Interior, Deb Haaland.
Trump terminó con 50 años de protección del mayor refugio de vida silvestre de Estados Unidos
Dos semanas antes de la investidura de Biden, la administración Trump subastó los contratos de perforación en la llamada llanura costera del refugio.
Con 7,7 millones de hectáreas, se trata de la mayor reserva natural y la más primitiva de Estados Unidos. Es el hogar de miles de caribúes, aves acuáticas migratorias, renos y osos polares. Asimismo, cerca del refugio viven pueblos nativos, la Gwich’n Nation, que durante décadas han luchado contra la explotación de la zona. En un comunicado, citado por el diario The Washington Post, la comunidad se declara “agradecida y animada por la noticia de que la administración Biden se mantenga fiel a su compromiso de preservar las tierras sagradas y el estilo de vida Gwich’in”.
Según el diario El País, desde 2017 distintos grupos de defensa del medio ambiente han luchado para evitar la llegada de proyectos energéticos a la zona del Ártico. El presidente Dwight D. Eisenhower la declaró área federal protegida. En 1980, la administración de Ronald Reagan firmó una orden que garantizaba su conservación. En 2016, Barack Obama prohibió la prospección de yacimientos de petróleo y gas en el Ártico. Sin embargo, Donald Trump acabó otorgando los contratos para hacerlo a finales de su mandato en 2020 tras algunos vaivenes judiciales.
La medida aprobada por Trump se basó en la Tax Cuts and Jobs Act, aprobada en 2017 y que comprendía la autorización para otorgar contratos de explotación de gas y petróleo en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, según recogió en ese momento la publicación The Atlantic.
Al tiempo que se discutía la legislación en el Congreso, un estudio de la Universidad de Yale reveló que un 70% de los estadounidenses se oponía a la extracción de hidrocarburos en el territorio virgen.
GESTO MEDIOAMBIENTAL
Desde que juró el cargo, Biden quiso simbolizar su oposición a la línea política de su predecesor. “America is back”, proclamó. El nuevo presidente estadounidense restableció el compromiso de Washington con los acuerdos del clima de París, decretó la pausa de nuevos contratos de explotación de hidrocarburos y prometió la protección del 30% de aguas y tierras federales para 2030.
Sin embargo, a pesar de querer proteger el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, territorio insignia, la nueva administración no se ha mostrado dispuesta a revocar otros proyectos energéticos emprendidos bajo la era Trump.
El analista energético Pavel Molchanov, citado por The Washington Post considera que la medida adoptada por Trump fue “un gesto político esencialmente vacío e insignificante”. Esto porque, en la práctica, los contratos despertaron poco interés industrial y financiero por el bajo rendimiento y el miedo a recibir una campaña negativa a nivel de imagen corporativa. “Y la decisión de Biden es a su manera igual de simbólica. Simplemente no hay ganas por parte de la industria de trabajar allí”, concluye el analista.
El peso de la medida, si finalmente se convierte en definitiva, será más fácilmente evaluable con un poco perspectiva. En función de si la política medioambiental queda en promesas y símbolos o si Biden, presidente del país responsable del mayor número de emisiones de CO2 por persona (según EDGAR), quiere y consigue imponer un cambio de paradigma energético en cuatro años.