El proyecto de inversiones hidrocarburíferas comienza a debatirse en el Senado

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Será en un plenario de comisiones, que se reunirá hoy a las 14 en forma virtual, con la participación del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

En el retorno a la actividad parlamentaria después de las PASO, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, defenderá este miércoles en el Senado el proyecto de ley de hidrocarburos enviado por el Poder Ejecutivo, que apunta a incrementar las inversiones del sector, aumentar el ingreso de divisas y garantizar el autoabastecimiento, entre otros objetivos.

El funcionario expondrá sobre el proyecto a las 14 en una reunión virtual de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, presididas respectivamente por Rubén Uñac y Carlos Caserio.

Se trata de la iniciativa presentada por el presidente Alberto Fernández el pasado 15 de septiembre en el Museo del Bicentenario junto a funcionarios, gobernadores de provincias petroleras, empresarios y sindicalistas. Fue el último acto antes de que comenzara a forzarse, ese mismo día, el recambio de Gabinete.

Con esa foto, Fernández intentó dar una señal de consenso amplio en torno a un tema relevante para provincias productoras, que implica un esquema de incentivos para el sector del gas y el petróleo para los próximos veinte años.

Por eso, llevaron su respaldo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut). Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Sáenz (Salta) y Gildo Insfrán (Formosa).

“Tenemos que poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera”, destacó el presidente al encabezar la presentación, y agregó que con este proyecto, anunciado durante la apertura de sesiones ordinarias, el Gobierno “busca dar previsibilidad a la industria”.

La propuesta de ley busca incrementar la producción e industrialización de los hidrocarburos; escalar las exportaciones de petróleo y gas natural; aumentar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central; incorporar valor agregado nacional y regional; garantizar el autoabastecimiento; promover el desarrollo regional; y fortalecer las finanzas provinciales a través de mayores regalías e ingresos tributarios.

Entre los beneficios se destacan la exportación garantizada del 20% al 50% de la producción incremental de cada empresa, escalando en función del crecimiento de la producción total nacional, la participación de cada empresa en la cobertura del mercado interno, el incremento de su propia producción y otras variables.

Además habrá libre disponibilidad de divisas de hasta el 50% de la exportación garantizada, que escala en función de la participación de cada empresa en la cobertura del mercado interno, y la proporción de pozos inactivos puestos a producir contratando pequeñas empresas regionales.

Asimismo, el proyecto prevé una reducción del impuesto a las Ganancias para incentivar la asociatividad empresaria, a la que se accederá por la cesión parcial de la participación en un área concesionada en un nuevo socio.

También establece la institucionalización del Plan Gas.Ar, vigente por veinte años más; e incorpora un régimen para proyectos especiales destinado a fomentar inversiones privilegiadas de pequeñas empresas, en áreas marginales, en cuencas con declinación productiva, en industrialización en origen y para exploración y explotación de áreas convencionales.

Los proyectos que cuenten con un plan de sustentabilidad energética aprobado podrán incrementar en hasta un 10% los incentivos. Por otra parte, se otorgarán becas de grado con perspectiva de género para carreras vinculadas con la actividad hidrocarburífera, y aquellas empresas que incorporen mujeres en sus planteles directivos, técnicos y profesionales gozarán de una reducción de los aportes patronales.

Por último, con el objetivo de incrementar el valor agregado nacional, la iniciativa crea un régimen obligatorio para fomentar la incorporación de pymes y empresas regionales y nacionales en las cadenas de proveedores, darles preferencia a la hora de la contratación y promover la utilización de bienes industriales y tecnología nacional.

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