Para el Gobierno de Perú nacionalizar el gas, no significa de estatizarlo

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La declaración corresponde al ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, se produce una semana después de la resolución presentada por el presidente Pedro Castillo.

El ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, aseguró que nacionalizar el gas de los yacimientos de Camisea no implica una estatización, sino poner este sector “al servicio” de toda la población, luego que el Gobierno presentara una resolución para hacerlo llegar a todas las partes del país.

“Nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso”, tuiteó Francke

Esta declaración del ministro se produce una semana después de la resolución presentada por el presidente Pedro Castillo.

“Acabo de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos”, expresó en aquel momento el mandatario.

Sin embargo, luego de la polémica generada por utilizar los conceptos “estatización” y “nacionalización del gas” en su mensaje, Castillo se vio obligado a aclarar que su Gobierno sería no afectará la libertad de empresa.

“Como Gobierno del Pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”, explicó el presidente en Twitter.

UN PLAN DE GOBIERNO

Las palabras del ministro de Economía reafirman y respaldan esta última declaración del presidente.

No es la primera vez que se genera una polémica alrededor de la cuestión del gas de Camisea, uno de los puntos más cuestionados por la oposición y que ya le costó renuncia del ex jefe de Gabinete, Guido Bellido a principios de octubre.

A finales de septiembre Castillo debió matizar la advertencia de Bellido, quien causó un sacudón político al hablar de nacionalizaciones, e insistió en que su Gobierno respetaría el marco jurídico en caso de una renegociación con el consorcio privado que maneja Camisea.

“En este Gobierno del pueblo estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”, tuiteó Castillo, luego de que Bellido convocara a Camisea a renegociar las ganancias de la explotación o, en caso contrario, se optaría por “la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”.

Las nuevas declaraciones Francke se producen en un momento en el que la jefa de gabinete, Mirtha Vásquez, y su equipo tienen que hacer frente en el Congreso a una moción de confianza el próximo 4 de noviembre.

El consorcio de Camisea, conformado por la empresa argentina Pluspetrol (27% de participación), la estadounidense Hunt Oil (25,4%), la surcoreana SK Innovation (17,6%), y la argentina Tecpetrol, la española Repsol y la argelina Sonatrach, con 10% cada una, es acusado por sectores peruanos de llevarse ganancias excesivas y no permitir que la población nacional tenga mejores precios de gas.

Ubicado en la provincia selvática La Convención, departamento de Cusco, produce de 43 a 48 millones de metros cúbicos al día desde dos bloques manejados por Pluspetrol y uno por Repsol.

De allí, tras pasar por una planta que separa el gas líquido del seco, el producto recorre más de 500 kilómetros por un ducto hasta el puerto de Pisco, en el océano Pacífico, donde se fracciona para ir a Asia, Europa, México y al mercado interno.

El complejo, que comenzó a operar en 2004 tras dos décadas de negociaciones, produce 92% del gas natural de Perú y genera más de 40% de la energía eléctrica consumida en el país.

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