América Latina y el Caribe necesitan 100 mil millones de dólares anuales para mitigar efectos climáticos

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El informe del FMI recomienda a las autoridades de la región adoptar una estrategia centrada en aumentar la eficiencia energética y el uso de la energía renovable, en reducir las emisiones del transporte y la agricultura y en restaurar y proteger los bosques.

Los países de América Latina y el Caribe necesitarán alrededor de 100 mil millones de dólares anuales para mitigar los efectos del cambio climático y la introducción de un impuesto universal al carbono de hasta 75 dólares por tonelada podría ayudar a lograr las metas fijadas en la materia, según un informe elaborado por un grupo de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento -que lleva la firma entre otros de Julie Kozack, la subdirectora en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, una de las responsables de las negociaciones con la Argentina de un nuevo programa de financiamiento-, consigna que “la eliminación gradual de los subsidios a la energía y la introducción de impuestos universales al carbono de hasta 75 dólares por tonelada podrían ayudar a algunos países a alcanzar sus metas fijadas en el Acuerdo de París de 2016.

Los ingresos generados por estas políticas son de entre 0,5% y 4,5% del PBI, y podrían usarse para compensar a hogares vulnerables por el aumento de los precios del carbono”.

En este sentido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, planteó, durante la Conferencia Internacional de Cambio Climático organizada en Venecia, en julio pasado, “mejores condiciones de financiamiento, para la transformación energética, para explorar la energía sustentable que tiene Argentina”.

Guzmán había dicho que “hay una deuda que tienen los países que han hecho la mayor contribución al cambio climático con los demás países, por lo que hay que gestionar algunas cuestiones para mejorar las condiciones de financiamiento, pero también para discutir los canjes de deuda por naturaleza que sin duda ayudarían a avanzar en este proceso”.

UNA SALIDA POR LAS ENERGIAS RENOVABLES

Para alcanzar ese objetivo, los técnicos del FMI sostienen que “dado que la mayoría de los países no estarán en condiciones de cubrir estos costos, el financiamiento externo -proveniente de los sectores oficial y privado- será esencial y las autoridades de la región deberán adoptar una estrategia centrada en aumentar la eficiencia energética y el uso de la energía renovable, en reducir las emisiones del transporte y la agricultura y en restaurar y proteger los bosques”.

Más adelante recomienda adoptar “medidas de mitigación basadas en precios, como reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, introducción de impuestos al carbono, adopción de sistemas de intercambio de derechos de emisión o creación de un sistema de reembolso de aranceles y medidas de mitigación no basadas en precios, como inversión pública en tecnologías e infraestructura de bajas emisiones de carbono, incentivos fiscales y regulaciones de apoyo”.

Una estimación contenida en el informe da cuenta que “las transferencias monetarias universales pueden compensar por completo el impacto negativo en los primeros seis a siete deciles de consumo per cápita de los hogares en Argentina, Brasil, Colombia y México”.

El informe remarca que “los desastres relacionados con el clima pueden costar miles de millones y para reducir los costos económicos se necesitarán importantes inversiones para desarrollar resiliencia, sobre todo en infraestructura”.

“Estimamos que las inversiones en resiliencia estructural pueden elevar el nivel del PIB a largo plazo entre 2 por ciento y 6 por ciento en las islas del Caribe, y entre 0,2 por ciento y 1,4 por ciento en los países de América Central”, añade el informe.

El documento de los técnicos del FMI enfatiza que “como desarrollar resiliencia estructural toma tiempo, es posible que los países también tengan que apuntalar su resiliencia financiera mediante seguros”.

Finalmente, el informe estima que “una cobertura de seguro de 15 al 30 por ciento del PBI, para los países del Caribe y de 10 al 20 por ciento del PBI para América Central, Panamá y la República Dominicana, podría cubrir el 99 por ciento de los costos fiscales relacionados con desastre naturales”.

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