El asesor presidencial en materia energética ratificó que “no hay ningún avance sobre la propiedad provincial de los recursos, ni ninguna intención del Gobierno nacional de ir por encima de las provincias”.

El asesor presidencial en materia energética, Ariel Kogan, defendió el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, aseguró que “en ningún caso busca superponerse ni menoscabar las potestades de los poderes provinciales” y anticipó que el Gobierno nacional “está dispuesto a modificar la redacción de algunos artículos que no son de fondo, “si les caben dudas a algún gobernador o fiscal de Estado, para asegurar que no se van a avasallar derechos”.

“No se comprende cómo algún gobernador pueda encabezar una rebelión federal, ya que no hay ningún avance sobre la propiedad provincial de los recursos ni ninguna intención del Gobierno nacional de ir por encima de las provincias”, agregó Kogan durante un encuentro virtual organizado por el Mercado Electrónico del Gas S.A.

El funcionario destacó el respaldo al plan oficial de la mayoría de las empresas, el pleno de los trabajadores y las cámaras Pyme, y sostuvo que “Neuquén tiene una visión un poco equivocada” sobre ciertos aspectos del proyecto.

La iniciativa, explicó, plantea incentivos con impuestos federales, medidas arancelarias y cuestiones cambiarias, “que son atribuciones exclusivas del Gobierno nacional, así como la organización de las exportaciones”.

“Las únicas modificaciones de la ley madre son dos: la incorporación del almacenamiento subterráneo (de gas), a pedido de algunas provincias y empresas que tienen proyectos en marcha; y la otra es el artículo 90, que sólo aclara el nuevo nombre de la Secretaría de Energía”, aclaró Kogan.

El asesor admitió, por otra parte, que una empresa petrolera, a la que no identificó, propuso modificar la línea de base a partir de la cual se medirá la producción incremental de hidrocarburos que gozará de los incentivos previstos.

“Es válido, consideró, que alguna empresa pida una base menor para tener mayor disponibilidad de exportaciones, pero tenemos que velar por el interés general y el funcionamiento del sistema sin poner en riesgo el abastecimiento interno: hay que cuidar que el crudo local abastezca a las refinerías con mayor componente nacional”, acotó.

De todos modos, afirmó Kogan, “la producción va a escalar rápidamente y la discusión sobre este punto quedará como una anécdota”.

AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

En otro orden, remarcó que el sistema gasífero “necesita imperiosamente la ampliación de la capacidad de transporte”, para lo cual se estudian distintas alternativas de financiamiento, tanto del Estado como algunas ofrecidas por empresas privadas del sector.

“La Secretaría de Energía elaboró un esquema para reemplazar lo que importamos de GNL (gas natural licuado) y gasoil; paliar el declino de la producción de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia); y potenciar las exportaciones, básicamente a Chile y en menor medida a Brasil”, detalló el funcionario.

En ese sentido, se diseñaron obras que incluyen un gasoducto grande, desde Neuquén hasta Salliqueló (provincia de Buenos Aires) y de allí a San Gerónimo (Santa Fe), pero además se prevé la vinculación de las Transportadoras de Gas del Norte y del Sur (TGN y TGS) para “facilitar el abastecimiento a todo el país”.

Ese plan prevé tramos finales del Gran Buenos Aires, para la Central Puerto (ubicada en la costanera sur de CABA), el gasoducto norte y ampliaciones del centro oeste, para transportar lo que llegue de Vaca Muerta.

“Los proyectos están terminados, falta la financiación y se estudian todas las opciones, empezando por los aportes del Tesoro de este año y el próximo; y la participación privada en general, y en particular de las productoras de gas, lo que requiere diseñar una herramienta para que ese aporte se materialice”, dijo Kogan.

Mencionó por último, como probables fuentes financieras, a la recaudación del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, “para lo cual hace falta una norma que permita utilizar esos fondos”, y también la posibilidad de emisión de algún título por parte del Estado, con destino específico: “hay varias alternativas, sobre la mesa del ministro (Martín Guzmán), el Jefe de Gabinete (Juan Manzur) y el Presidente (Alberto Fernández)”, concluyó Kogan.