El Gobierno nacional publicó el Decreto que reglamenta la Ley 27.424, aquella que permite a los usuarios inyectar energía limpia a la red de distribución. Ahora queda en potestad de cada Provincia adherir a la iniciativa.
El Congreso de la Nación sancionó el 29 de noviembre del año pasado la ley de Generación Renovable Distribuida. Sin embargo, el Gobierno nacional tardó casi un año para publicar el Decreto que la reglamenta y los anexos que le dan cuerpo.
Sobre esta norma, el diputado nacional por Cambiemos, Juan Carlos Villalonga, autor del proyecto de ley y promotor en el Congreso Nacional, puso el acento en la importancia que las provincias se acoplen a la normativa.
“Debe darse rápidamente el proceso en las provincias. Hasta ahora era legítimo que aguardaran la reglamentación, pero ya no hay ninguna razón para demorar las adhesiones”, aseguró.
“Aquella provincia que no adhiera estará negando a sus usuarios el acceso a los beneficios nacionales, lo que sería una tontería, ya que los regímenes locales pueden adecuarse perfectamente, aprovechando virtuosamente las medidas nacionales”, advirtió.
Villalonga valora que la reglamentación abre la puerta que nuevas resoluciones técnicas y administrativas permitan poner en marcha todos los mecanismos de la Ley. “Recordemos que los fondos para esta Ley ya fueron aprobados en el Presupuesto 2019”, planteó el legislador.
De hecho, varios actores del rubro han manifestado sus posiciones al Gobierno, planteando mejoras a la normativa, por caso, la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), la Asociación que nuclea a las distribuidoras (ADEERA), entre otros.
LO QUE SE DIVIDE
Según informó Energía Estratégica, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) logró conservar en el debate parlamentario los 500 millones de pesos que permitirán estimular la generación distribuida a través de distintos mecanismos de promoción.
En lo que respecta al cupo fiscal, los legisladores aumentaron el dinero previsto para seducir a los usuarios: pasó de $200 millones originales previstos en la ley (en su momento 10 millones de dólares) a $300 millones (hoy aproximadamente 8 millones de dólares).
Estos incentivos deberán discutirse con anterioridad al 30 de junio de cada año. Un vez definidos, la Autoridad de Aplicación- la Secretaría de Energía que dirige Javier Iguacel – deberá comunicar los recursos estimados a destinar en el siguiente período.
Dado que ya culmina el año, los beneficios están previstos para 2019, no por casualidad luego que se publique una resolución técnica que precisará detalles para la conexión de equipos, legales y comerciales.
“Mi expectativa es que para el 2030 la generación distribuida ya represente una potencia instalada de alrededor de 1000 MW. Esto arrancará de la mano de las PyMES y establecimientos agropecuarios que encontrarán en la distribuida un modo de achicar su cuenta energética. Será una aliada para las economías regionales de todo el país”, sostuvo el diputado.