El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, sigue acumulando denuncias en su contra y se espera que sea indagado la próxima semana por la fiscal de Villa María, Juliana Companys, quien continúa con los allanamientos y las detenciones.
La estrategia defensiva será desplazar a Companys e intentar que la investigación pase a los tribunales porteños de Comodoro Py. Allí, el juez federal porteño Ariel Lijo lo investiga por supuestas actividades de lavado de activos.
Respaldo de la Fiscalía General
Héctor David, fiscal General Adjunto de Córdoba, mantuvo una reunión con la fiscal Companys para brindarle colaboración a la fiscal y expresarle todo el respaldo en la investigación en marcha.
La Fiscalía General ofreció todo el apoyo necesario para la investigación en la causa, tanto por parte de los equipos de la Dirección de la Policía Científica, como el personal idóneo para reforzar el plantel y garantizar la eficacia de la investigación.
David señaló que “se le dará carácter de urgente a las necesidades que vayan surgiendo en la presente investigación”.
Policías detenidos
La fiscal confirmó que entre los detenidos hay tres efectivos de la Policía de Córdoba. Se trata de Claudia Pereya, Martín Pereyra y Juliana Bollea.
Cositorto arribó ayer al país custodiado por dos detectives de la división Interpol de la Policía Federal tras ser extraditado de la República Dominicana. Luego fue traslado a Córdoba.
El exjuez federal Héctor Yrimia, vinculado con el área jurídica de Generación Zoe, se entregó ante Interpol en Dubai en el marco de la causa. Exfiscal federal y exjuez de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, tenía pedido de captura internacional solicitado por la fiscal de Instrucción de Villa María Juliana Companys. Está imputado por asociación ilícita y estafa, al haberse secuestrado en su estudio jurídico material relacionado al caso.
Por otra parte, Companys encabezó un operativo donde fue detenido el abogado Gustavo Saavedra, quien forma parte del equipo de Cositorto en Generación Zoe. Saavedra fue aprehendido en un domicilio de la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde se secuestró dinero en efectivo y documentación vinculada a la causa, y también quedó imputado por asociación ilícita y estafa.
Yrimia había sido fiscal federal y luego juez de Instrucción porteño, hasta que dejó su cargo en 2004 sospechado de encubrir un caso de torturas en el que acusaban a otro juez, Pablo Bruno. Ese mismo año, fue sancionado por el Consejo de la Magistratura por haber ordenado la detención de una gerente del Banco de Galicia que no le había entregado los depósitos en dólares a un cliente.
Más denuncias
A medida que avanza la investigación, los damnificados se animan a denunciar. En los tribunales de Goya, Corrientes, se acumulan denuncias en contra de Cositorto.
En tanto, la Cámara Criminal y Correccional porteña registró 12 nuevas denuncias por los delitos de estafa, defraudación y asociación ilícita, con casi 20 víctimas. Los expedientes terminaron en siete juzgados distintos pero fueron acumulados por conexidad.
Un informe de la Procelac habla de un vaciamiento de nueve millones de dólares en billeteras de criptomonedas.