El Ministerio de Salud utilizará de ahora en más el “lenguaje y comunicación no sexista e inclusiva” en todas sus producciones, documentos, registros y actos administrativos, como así en sus organismos descentralizados. Así se estableció este martes 10 de mayo en la Resolución 952/2022 del Boletín Oficial con la firma de la ministra Carla Vizzotti.

El artículo número 2 del documento precisa que la Dirección de Géneros y Diversidad asistirá técnicamente “a las áreas ministeriales, los equipos técnicos y gestores de servicios para la implementación del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva”.

La Resolución 952/2022, que lleva la firma de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indica que “resulta conveniente generar nuevas formas de comunicar que construyan y expresen igualdad para la diversidad de géneros, ya sea en la redacción de piezas de comunicación o en la generación de contenido audiovisual, con sensibilidad y perspectiva de género”.

Además, precisa que “el lenguaje inclusivo y no sexista refiere a construcciones lingüísticas y términos expresados de modo oral, escrito y/o visual que abonan al reconocimiento de mujeres y LGBTI+ y que no perpetúan estereotipos corporales, sexuales y de género”.

También recuerda que “el lenguaje es un producto social e histórico cambiante a través del cual las sociedades construyen y expresan constantemente ideas, sentimientos, modos de pensar y esquemas de valoración”.

En la publicación, se destacó que “resulta conveniente generar nuevas formas de comunicar que construyan y expresen igualdad para la diversidad de géneros, ya sea en la redacción de piezas de comunicación o en la generación de contenido audiovisual, con sensibilidad y perspectiva de género”.

“Modificar las formas de comunicación y dinámicas institucionales es una manera de acompañar las transformaciones de los patrones socioculturales, fomentando valores democráticos e inclusivos”, afirmaron desde la cartera de Salud.

La Resolución también considera la Ley N° 26.485 que promueve y garantiza “la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida, el desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre la violencia sobre la violencia contra las mujeres y la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, entre otras”.