Caso cerrado: el juez aceptó la oferta de $3 millones de Alberto Fernández y Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos

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El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó las ofertas del Presidente y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena a cambio de un total de tres millones de pesos. Alberto Fernández ofreció $1.600.000 y Yañez, $1.400.000. Con el pago, el expediente quedará cerrado. Ambos son investigados por el festejo del cumpleaños de la primera dama en la Quinta Presidencial de Olivos mientras regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

 

Mirabelli homologó los acuerdos económicos y el dinero recaudado se destinaría al Instituto Malbrán, según consta en el acta judicial.  “Una vez que se cumpla con la prestación del acuerdo y se remitan las constancias bancarias correspondientes el tribunal, se adoptará el temperamento que resulta pertinente”, señaló en su resolución el juez del tribunal N°2 de San Isidro.

Esta solución alternativa a la pena, que contempla una reparación, está prevista en el Código Penal para delitos leves como este. En el caso del Presidente se consideró que las acciones que implicaron un delito no fueron cometidas en el ejercicio de la función, sino no se podría haber aplicado este beneficio.

En lugar de someterse a una indagatoria y a una posible condena por violar los decretos que él mismo había firmado, el Presidente optó por la “reparación económica”, prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. La semana pasada, durante una entrevista con Ernesto Tenembaum, justificó esa estrategia: “Los funcionarios, incluso los presidentes, tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de proponer una reparación económica para extinguir la acción. Y lo hice. Utilicé un derecho que tengo como ciudadano, no una prerrogativa como Presidente”.

Ahora el Presidente tiene un plazo de diez días hábiles para depositar el dinero en una cuenta bancaria del Instituto Malbrán, tal como habían propuesto sus abogados, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso,. La semana pasada, el juez ya había formado un incidente en el expediente con los datos de esa cuenta.

En otra resolución, el juez también homologó el acuerdo alcanzado por la primera dama Fabiola Yañez, que ofreció donar $1,4 millón. La presentación ante el fiscal Dominguez, a cargo de los abogados Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo, solo habla de una “ayuda económica familiar”. En los hechos, quien deberá hacerse cargo es el presidente. En total son $3 millones.

La causa judicial por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez comenzó en Comodoro Py, pero en septiembre del año pasado pasó a San Isidro, cuando el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y las partes decidieron no apelar.

El Presidente arrancó negando el hecho y hasta le echó la culpa en público a su mujer: “Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, llegó a decir en un acto. En el plano judicial, primero presentó un pedido de “falta de acción” firmado por él mismo, pero luego comenzó a escuchar a sus abogados y alineó su estrategia con el resto de las defensas.

Al menos tres de los invitados a la Fiesta, circularon esa noche con un certificado que no tenía validez legal. Uno de esos invitados era Sofía Pacchi, una de las mejores amigas de Yañez, al menos hasta esa noche. Se trataba de certificados para “circular y transitar” que entregaba el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodriguez. El dato surgió cuando la Jefatura de Gabinete respondió un pedido a la Justicia y reveló que cinco de los invitados no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR.
Todavía está pendiente una definición sobre el resto de los imputados. En el caso de Fernando Consagra, Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso ofrecieron montos cercanos a los $250 mil y esperan una respuesta. Para justificarlo tuvieron que presentar declaraciones juradas y hasta contratos de alquiler. No ocurrió lo mismo con Alberto Fernández ni con la primera dama.

El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, el camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, harán un ofrecimiento en los próximos días, pudo saber este medio. En cambio, el abogado de Stefanía Dominguez, Mauricio D’Alessandro, seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.

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