Este martes, desde las 8:30, se reanudaron los alegatos de la Fiscalía en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada. El fiscal Diego Luciani comenzó con el análisis de las 51 obras públicas que recibió Báez y concluyó que “las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.

La segunda audiencia se inició sin la presencia de la Vicepresidenta que pidió autorización para ausentarse hoy y el próximo viernes por “tareas parlamentarias”. El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py aceptó el pedido.

“La contratación pública, la inversión pública es uno de los ámbitos mas proclives para los actos de corrupción. La administración debía ser muy cauta y rigurosa al momento de disponer los fondos del estado porque son los fondos de todos los argentinos, no de un gobierno, solo los administra y los debe administrar bien”, inició el fiscal y agregó que en los casos de las obras de Báez “las medidas de prevención fueron destrozadas por la propia administración pública”.

Y comenzó a analizar las obras. Los primeros ejemplos fueron los de cuatro licitaciones que se hicieron de manera simultánea “con una inadmisible celeridad que no estaba justificada”. Fueron licitaciones que se convocaron a fines de 2006 y se adjudicaron a principios de 2007. “Los contratos fueron firmados a pocos meses de comenzar la veda invernal, por lo que como establecía el contrato no se iba a poder comenzar los trabajos”, detalló Luciani y dijo que las licitaciones se adjudicaron en 45, 47, 46, 62 días desde el llamado a licitación. “Con una rapidez asombrosa, con una publicidad casi nula”, criticó.

La primera obra fue la pavimentación de 39 km de la ruta nacional 288 por 192 millones de pesos. A la licitación de presentaron Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Petersen. Las tres primeras de Báez y la cuarta “de cortesía”, dijo el fiscal porque ofreció un 20 por ciento más y quedó descalificada. La obra se le adjudicó a Gotti que se la cedió a Austral. El plazo de la obra era de tres años pero se extendió 120 meses y no finalizó.

La segunda obra fue la repavimentación de 67 km de la ruta 261 con un presupuesto de 93 millones de pesos. Se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. Volvió a calificar “de cortesía” a Petersen que quedó descalificada porque presentó una garantía incorrecta. “Competencia ficticia”, calificó Luciani.

La pavimentación de 22 km de la ruta 40 fue la tercera obra. Con un presupuesto de 121 millones se presentaron Austral Construcciones-Gotti, Kank y Costilla y Petersen, que fue descalificada por una oferta 20 superior. Ganó Austral-Gotti.

El mismo esquema se dio para el ripiado en la ruta nacional 3: se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. La última hizo una oferta de 20 por ciento más y fue descalificada. Ganó Austral Construcciones por 238 millones de pesos, 39 mas del presupuesto oficial.

“Nos permite dejar en claro que no solo hubo un direccionamiento grosero sino la falta de un adecuado control que tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto tiene como explicación que la orden de beneficiar a Báez venía de lo mas alto del poder ejecutivo”, analizó el fiscal.

Luciani analizó otra obra. Fue la renovación de canteras en la ruta nacional 3 por 75 millones de pesos. El fiscal señaló que el dictamen de la comisión de adjudicación se firmó el 30 de enero de 2007 y la preadjudicación de la obra un día antes, el 29 de enero de 2007, cuando debe ser al revés. “Es inexplicable”, sostuvo.

La Fiscalía comenzó ayer sus alegatos en el juicio oral. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, señaló ayer el fiscal, dejando en claro que pedirá que la Vicepresidenta de la Nación sea condenada.

En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Junto con la vicepresidenta, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de CFK será la sexta.