El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, hizo lugar al pedido de Estados Unidos para incautar el avión Jumbo de Emtrasur que ingresó a la Argentina el 6 de junio. El fallo implica una aceptación del bloqueo norteamericano sobre la aeronave venezolana en el marco de un tratado de asistencia jurídica mutua firmado entre ambos países en 1991.

El pedido había sido canalizado por el Ministerio de Justicia argentino. Provocó el reproche de Venezuela. Y ahora el avión podría ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, no está dicha la última palabra. Como sucede con todas las extradiciones y más allá de la resolución judicial, la última palabra la tendrá la Casa Rosada.

Este es un nuevo episodio de una historia más larga que empezó en el mes de junio con el bloqueo a la salida del avión detenido en Buenos Aires, en una causa en la que Justicia no pudo acusar hasta ahora a ningún tripulante por ningún delito.

Además del secuestro, Villena ordenó por la tarde un allanamiento a la aeronave. El tercero desde que pisó suelo argentino. Esta vez contó con participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y tuvo por objeto redactar un inventario también a pedido del juez de la causa de origen, el juez federal de Washington DC, Michael Harvey.

La decisión del juzgado se produjo luego de una solicitud de la fiscal federal Cecilia Incardona, que avaló un pedido tramitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ocurrió un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Carreño, exigió al gobierno argentino que devuelva la aeronave y libere a la tripulación, por considerar que la investigación no fue más que un “falso positivo”. Las críticas generaron, en sede local, una queja del interino procurador Eduardo Casal, quien envió una nota a la cancillería argentina para expresar su “profunda preocupación institucional” en un texto con la firma del titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.

Si bien los detalles de la resolución del juzgado son confidenciales –de acuerdo con las exigencias del tratado de colaboración de 1991–, fuentes del caso aseguraron a Página/12 que el avión quedará secuestrado a disposición conjunta entre la Justicia local y la de Columbia. En ese contexto, el juez comenzó a disponer otras medidas como la inspección de la nave para realizar un “cateo” o inventario en función de la hipótesis de violación a la ley de exportación o prohibición de vender que trabaja Estados Unidos.

El Ministerio de Justicia de ese país determinó –a partir de la orden judicial emitida el 19 de julio por la Corte del Distrito de Columbia–, que el avión de bandera venezolana podía ser confiscado debido a violaciones a sus normas de control de exportaciones. Esas normas establecen que el Departamento de Comercio tiene potestad de aplicar sanciones y bloqueos a toda actividad no autorizada. En este caso, la nave. Originalmente, el avión se fabricó en suelo norteamericano, luego se vendió a Air France, y con posterioridad a la aerolínea Mahan Air de Irán. Desde 2008, el gobierno estadounidense prohibió a la empresa iraní transacciones relacionadas a sus exportaciones por una supuesta vinculación con grupos terroristas. Dentro de este bloqueo, también se encuentra el avión que permanece en Buenos Aires, luego de ser comprado por Conviasa, la empresa estatal de Venezuela.

Situación que el gobierno de Venezuela objeta.

El juzgado de Lomas de Zamora inspeccionó la aeronave en busca de elementos que den cuenta de esas operaciones: titularidades, documentación de la nave o productos que pudieron haber sido comprados después de la prohibición de 2008. Según fuentes del expediente, la documentación no será entregada al FBI ni el FBI encabezó el allanamiento, si no que la dirección de la investigación permanece en cabeza del juzgado. También señalaron que todo lo que se encuentre a bordo no será entregado de manera inmediata a Estados Unidos: quedará a disposición del juez que podrá, o no, entregar copia de lo que encuentre.

Como se sabe, la aeronave ya fue inspeccionada en el marco de la causa de los pilotos, y por lo tanto no se esperaban sorpresas en esta nueva inspección.

La causa es alto voltaje político, sobre todo por la relación con Venezuela. De acuerdo con la ley 24.034 de 1991, Argentina y Estados Unidos suscribieron al tratado de asistencia mutua que implica, en los hechos, la colaboración en materia judicial entre los dos estados. En este contexto es que el gobierno norteamericano exigió al argentino que haga efectiva la orden de confiscación de la aeronave. El Gobierno argentino aceptó y lo reenvió a la Justicia. Podría haber demorado el pedido o podría no haberlo enviado pero lo hizo, por lo que ese aval es ahora una de las razones que critica Venezuela. El delito que invoca Estados Unidos se llama reexportación, es decir, una violación a leyes inexistentes para la normativa argentina.

La resolución no afecta la situación procesal de los tripulantes del avión que aún aguardan la definición de la Justicia argentina, en el marco de la causa que investiga si la tripulación “se encontraba vinculada a algún tipo de actividad o grupo terrorista o bien si sobrevolaron y aterrizaron en nuestro país con alguna finalidad delictiva”, según la fiscalía.