Tras la disposición del tribunal de un nuevo cuarto intermedio hasta este lunes 22 de agosto, el fiscal federal Diego Luciani realizará el pedido de condena contra Cristina Kirchner en la causa de Vialidad. La acusación la apunta como la jefa de una asociación ilícita montada sobre el Estado y que tuvo por objetivo beneficiar al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
En esta jornada la fiscalía concluirá con su alegato y es probable que Luciani pida una condena que supere los 10 años y, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo cierto es que esta situación profundiza la tensión en el Gobierno y, ésta podría mantenerse hasta que se conozca el fallo del Tribunal Oral Federal 2.
Tanto Alberto Fernández como Sergio Massa no se expresaron en público sobre el accionar judicial y, la señal más contundente de apoyo -hasta el momento- es la firma de una carta por parte de 509 intendentes del interior del país, quienes manifestaron una “preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
En julio de este año Cristina Kirchner, según publica Infobae, aseguró que su causa tenía la sentencia “escrita y firmada” y que el fallo se conocería antes de fin de año, no le será favorable. Como consecuencia directa, el kirchnerismo inició un proceso de cuestionamientos a los fiscales y los jueces.