Por primera vez, un fiscal realizó un análisis comparativo entre todos los casos fragmentados de inteligencia ilegal ocurridos entre 2016 y 2019. Solicita que se investigue al expresidente por un plan sistemático que excedía a la AFI y tenía objetivos políticos. Nitroglicerina para la interna de JxC.

Es el único dictamen judicial que hizo lo obvio: unió con precisión quirúrgica todos los hechos de espionaje ilegal registrados entre 2016 y 2019 que quedaron desperdigados en causas fragmentadas con resultados, incluso, contradictorios en la justicia argentina. Y el fiscal Franco Picardi llego a una conclusión inequívoca: Mauricio Macri tiene que ser investigado como quien ordenó montar un plan sistemático de espionaje con objetivos personales y políticos, una mancha que persigue ya perseguía al expresidente desde su etapa como jefe de Gobierno. ¿Cuáles fueron los argumentos? El interés y la desconfianza -hoy corroborada por los escarceos políticos dentro de JxC- respectó de dirigentes de su propio espacio como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli o Emilio Monzó. Pero además que todas las “misiones” de este tipo que encabezó la AFI excedían por lejos el área de interés del ex Señor 5.

Increíblemente, es la primera vez que se unifican hechos relatados en las causas Instituto Patria, Super Mario Bros que se inició en Lomas de Zamora, “Gestapo”, D´Alessio y bases AMBA para señalar que Macri debe, al menos, ser investigado. Quedó así formalmente imputado en una causa que está bajo investigación de Picardi junto al juez Marcelo Martínez de Giorgi. Y de paso, dejó en ridículo la decisión de la Cámara Federal que bautizó el accionar de espías sobre víctimas como por ejemplo la hermana del mandatario Florencia Macri como una iniciativa de agentes “cuentapropistas”. Sin animarse a decirlo en voz alta, nadie en tribunales toma con rigor jurídico esa decisión que es como ponerle una curita a una represa rajada. El explosivo dictamen –sobre el que el fiscal viene trabajando desde hace varios meses bajo el radar del PRO- volvió a poner los nervios de punta en el primer anillo de confianza de Macri, pero adquiere especial relevancia dentro de la interna política feroz que disputan dentro de la coalición opositora, con acusaciones cruzadas de algunos referentes como Elisa Carrió, los señalamientos de Facundo Manes y el silencio del PRO y de un sector de la UCR para quienes no son extrañas estas prácticas y en off the record las describen como una metodología arraigada que amenaza con convertirse en un sello de autor.

El principio del que parte Picardi para elevar a juicio el espionaje con el Instituto Patria se basa en varias certezas medulares: los espías de la AFI apostados al frente al Patria fraguaron documentos, tras solicitar una autorización genérica al juzgado federal de Lomas de Zamora para investigar un posible acto de terrorismo sobre Cristina de Kirchner en el marco de una alerta general por el G20; jamás le avisaron a la custodia de la exmandataria que podía ser un posible blanco; insertaron informes posdatados en la causa; se intercambiaban instrucciones pidiendo vigilancia sobre el posible ingreso de “bolsos” (en plena ebullición de la causa Cuadernos) y respecto de quiénes entraban a reuniones con la actual vice; y apenas fueron descubiertos –en un episodio público- dieron formalmente por cerrada la alerta del posible atentado. ¿El contrasentido? El operativo no fue ejecutado por la división Terrorismo de la AFI, sino por Contrainteligencia, a cargo del célebre Alan Ruiz.

Enumera el fiscal tres actos del espionaje. Las acciones fueron “planificadas, coordinadas y ordenadas” por la cúpula de la AFI –el tándem Arribas-Majdalani- cuyas ordenes eran impartidas jerárquicamente hacia Martín Coste de quien, indirectamente y fuera de organigrama formal, reportaba Ruiz y su equipo de espías (una docena) asignados a las tareas de vigilancia y recopilación de información ilegal. Esta línea de comando que es visible en todas las causas analizadas y se sustenta en la declaración de los espías y en el modo de organización de la AFI es un modelo que se replicó en otros episodios y lo que lleva a la Justicia a establecer un hilo conductor que tenía reporte directo entre Arribas y Presidencia. Hay un dato saliente: también se falsificaron circuitos administrativos internos a la AFI para poder simular que lo que se presentaba tuviese apariencia de procedimiento habitual. Algunas notas fueron firmadas por Arribas –amigo personal de Macri- y Majdalani, en persona.

“Alan Ruiz suscribió -con su seudónimo Augusto Rovero- y como titular del ´Departamento de Operaciones´, documentaciones supuestamente vinculadas a lo que se llamó ´Caso Avanti´, en el cual se registraron también falsamente informaciones en torno a supuestas amenazas dirigidas a Cristina Fernández de Kirchner y a las tareas desplegadas en las inmediaciones de domicilios vinculados a ella con el supuesto fin de acreditarlas o desacreditarlas”, indicó Picardi. Hasta ahora no se sabía que existió un caso denominado de esa manera, en alusión a una canción de Los Caballeros de la Quema con el que se asoció a Cristina de Kirchner. Ese “caso” se inició con que “alguien” había escuchado de un grupo “anarquistas” en una plaza de Avellaneda que podría haber un intento de atentado contra su vida.

El dictamen de Picardi constituye una bomba neutrónica que no solo apunta al aspecto testimonial de registrar el hilo conductor que existe entre los diferentes casos, cuya investigación fragmentada y siempre bajo el imán de Comodoro Py, sino que llena de nubarrones el futuro judicial de Macri, cuyo primer movimiento fue encomendar el análisis de su contenido y preparar a los abogados para una batalla que tenga por objetivo arrebatarle la causa a Martínez de Giorgi bajo el argumento de que todo lo expuesto ya fue investigado en otros expedientes. El siguiente paso es mucho más feroz, porque este estado de sospecha sobre el espionaje ilegal sobre aliados es combustible para la interna de JxC que había tenido episodios de alto voltaje en el último mes. El primer reflejo del macrismo fue comenzar a hurgar entre los antecedentes de Picardi, y si había tenido relación con la ex SIDE.

“Un análisis global de todas las circunstancias que rodean al presente caso, impone indagar el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, así como de las personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”, aseguró el dictamen al que accedió Ámbito. Se tomó especial nota de la marcha atrás respecto a la publicidad de los “fondos reservados” y el constante incremento presupuestario dispuesto por el Ejecutivo de entonces, sumado al cambio organizacional que empoderó a Asuntos Jurídicos de la AFI. Todas esas medidas “revelan un grado de organización y coordinación que excede ampliamente a las facultades de la AFI, con el involucramiento activo y/o pasivo de otras agencias gubernamentales, de funcionarios públicos que se desempeñaban en otros ámbitos de competencia, así como de distintos estamentos del gobierno local, provincial y federal”, se indicó.

“Lo que exhibe el análisis en profundidad de la actividad desplegada por la AFI en aquel período, es la producción de informaciones que están vinculadas a actividades económicas y electorales de Arribas y Macri”, escribió Picardi. El espionaje al periodista Hugo Alconada Mon coincidió con una investigación acerca de Ángelo Calcaterra el primo presidencial. Si bien existía una ligazón con el caso Odebrecht por el Soterramiento del Sarmiento, lo cierto es que el objetivo excedía la vinculación entre Arribas y el cambista brasileño Leonardo Meirelles y se dirigía hacia la constructora familiar del clan Macri. Para ello, en un sólido dictamen, el fiscal comparó analíticamente el caso conocido como “Super Mario Bros” de los espías orgánicos que desplegaron tareas de inteligencia ilegal sobre múltiples objetivos, opositores y oficialistas, y su desprendimiento sobre el espionaje penitenciario que incluyó escuchas a los abogados que hablaban con exfuncionarios y empresarios detenidos para nutrir de información las estrategias judiciales del Gobierno.

En otra causa, también se analizó su origen y se concluyó que “e ve en ese caso, una coincidencia llamativa con las maniobras particulares que se revelaron en el marco del expediente FLP 5056/2020, consistentes en el uso de eventos internacionales que se desarrollaron en nuestro país en aquel momento, posiblemente como excusas y/o pantallas tendientes a disimular la ilegalidad de acciones prohibidas por la Ley de Inteligencia”. El análisis abarca otros casos célebres: el del “Pata” Medina y su resultado a partir de la confirmación judicial de que existió un armado en su contra, cruzado por el caso “Gestapo” que grabó la reunión entre empresarios, funcionarios provinciales y la AFI, así como la causa “Independiente” contra el clan Moyano.

“Una vez más, las hipótesis de acciones de inteligencia ilegal se exhiben como referidas a personas públicas por sus opiniones políticas y adhesión o pertenencia sindical. Esta vez, sin embargo, con un rasgo propio adicional aún más grave, que ha sido la posible intromisión e injerencia en casos criminales establecidos contra esas personas, para determinar desenlaces procesales específicos como detenciones o encarcelamientos preventivos”, concluyó Picardi, colocando su dictamen al tope de las preocupaciones para el macrismo. Sobre todo, por los cruces telefónicos que solicita como medidas de prueba.