El grupo italiano anunció hoy que venderá sus activos en la Argentina, que incluye la concesión de la distribuidora Edesur, las generadoras Generación Costanera y Dock Sud y la concesión de la planta hidroeléctrica El Chocón

Para entender la salida del país de la empresa italiana Enel, a cargo de la concesión de Edesur, hay que recordar las palabras que dijo hace un año el CEO y general manager de la empresa a nivel mundial, Francesco Starace: “Nuestra posición es quedarnos en la Argentina y ver qué pasa. No queremos irnos, queremos saber cuál es la política [energética] que adoptará [el Gobierno] el año que viene, y según eso veremos cuál es la mejor decisión para nosotros”.

Desde entonces, la política tarifa del Gobierno se mantuvo sin cambios, más allá de la aplicación reciente de la segmentación de tarifas, que en el sector todavía intentan entender cómo funciona. Las distribuidoras eléctricas que operan en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -Edesur y Edenor- tuvieron este año un aumento de solo 8% de sus ingresos en marzo, casi la inflación que tiene la Argentina en un mes. “Las no decisiones también tienen sus consecuencias”, dicen con pesar en la empresa italiana.

Starace confirmó hoy en la presentación anual del plan estratégico que la empresa iba a “reposicionar sus negocios”. El eufemismo implica, entre otras decisiones, la salida del grupo Enel de la Argentina, Perú y Rumania. En América Latina, la compañía enfocará sus activos en Brasil, Chile y Colombia, donde ya tiene presencia, mientras que en Europa seguirá operando en Italia y España.

Enel es una empresa privada, que cotiza en las bolsas de Milán y Nueva York, y tiene como accionista mayoritario al Estado italiano (posee el 27% de las acciones). El resto está en manos privadas de inversores institucionales, entre los que se encuentra el fondo BlackRock.

La decisión de Enel de vender la concesión de Edesur y salir del país llega menos de dos años después de que Pampa Energía, la empresa que lidera Marcelo Mindlin, vendiera Edenor por US$100 millones al consorcio liderado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

Las razones detrás de la decisión
Maurizio Bezzeccheri, director de Enel en América Latina, estuvo hace menos de cuatro meses en la Argentina y, en una entrevista con LA NACION, respondió cuando se le consultó por qué seguían operando en el país: “Es una pregunta que nos hacemos a diario y algún día tendremos una respuesta. Acá estamos haciendo milagros para invertir en la distribuidora. En los últimos cinco años, invertimos alrededor de US$850 millones. Edesur recibe el dinero del holding para poder hacer las inversiones y somos la distribuidora que más ha invertido en la Argentina en los últimos tres años”.

“Cuando uno se hace adulto y madura, asume la responsabilidad de lo que pasa. En la Argentina, el sistema político tiene la responsabilidad de dar regulaciones que no cambien, que haya reglas claras y que se abra un poco a la competencia”, dijo el directivo italiano, que había sido CEO de Enel en la Argentina entre 2016 y 2019, cuando la llegada de un nuevo gobierno renovó las esperanzas en el grupo.

Sin embargo, fue la propia gestión de Mauricio Macri la que volvió a aplicar el congelamiento tarifario en el segundo semestre de 2019, luego de perder las PASO.

El regreso del kirchnerismo al poder no cambió la situación. En los últimos tres años, las tarifas de distribución en el AMBA (los ingresos de Edenor y Edesur) aumentaron 31,5%, cuando los costos subieron 321%, según sostienen en la empresa. Ambas compañías le enviaron una carta al ente regulador de la electricidad (ENRE) advirtiendo sobre esta situación y sobre “la calidad y continuidad del servicio público”.

La falta de ajuste tarifario hizo que se acumule una deuda de $120.000 millones de Edesur con el Estado. Se esperaba que esta situación anómala se normalizara a fines de 2020, cuando el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó en el proyecto de presupuesto el artículo 87, por el cual se aplicaba una moratoria y se diseñaba un plan de pagos.

Ese artículo se renovó este año con el nuevo proyecto de presupuesto, ya que en este tiempo nunca el ENRE ni la Secretaría de Energía convocaron a las empresas para negociar. El problema: no había aval político para que el propio Estado se comprometa a un plan de aumento de tarifas para que las distribuidoras salden sus deudas y dejen de financiarse con el Estado.

La falta de previsibilidad y el acostumbramiento a la situación de emergencia fueron, por lo tanto, otra de las razones que llevaron a Enel a decidir dejar el país. “En los últimos 20 años, los entes reguladores estuvieron intervenidos 18 años por situaciones de emergencia. No hay una emergencia que dure 18 años. Este modelo de gobernar por decreto es insostenible”, señalan.

La invasión de Rusia a Ucrania afectó de manera directa el endeudamiento de Enel y los márgenes de rentabilidad, ya que, pese a ser una de las principales compañías de generación y distribución eléctrica del mundo, no produce ni gas ni petróleo. Por lo cual sus costos se dispararon este año, sin poder traspasar ese mayor gasto a sus clientes, debido a los contratos ya firmados con precios previos al estallido.

Por lo tanto, Enel tomó la decisión de enfocarse en los países que tiene un mayor grado de compromiso con la transición energética. Según un index que elaboró el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), que mide cuán acelerado está el proceso de transición energética, la Argentina figura en el puesto 68 del ranking que integran 76 países.

Para dar un ejemplo: Enel tendrá instalados a fin de año 1200 colectivos eléctricos en Santiago y 1500 en Bogotá. En San Pablo, el objetivo es llegar a 1000 buses en los próximos meses. “En la Argentina estamos todavía luchando para que nos dejen entrar un cargador eléctrico”, suelen repetir en la empresa.

En 2009, el grupo Enel adquirió en una transacción internacional la mayoría accionaria de la empresa española Endesa, que a nivel local tenía la concesión de Edesur y los activos de generación eléctrica Generación Costanera, Dock Sud y la concesión de la hidroeléctrica El Chocón.

La compañía ya comenzó este año las negociaciones para vender sus acciones de Generación Costanera y Dock Sud, y podría haber novedades en los próximos meses, ya que hay conversaciones avanzadas con una empresa de capitales nacionales. La concesión de la hidroeléctrica El Chocón, por su parte, vence en agosto de 2023 y todavía en el Gobierno no dieron señales de una renovación.