Los aumentos en juego corresponden a los ingresos de las transportadoras y distribuidoras y al traslado del precio actualizado del gas que regirá en 2023

Un día después de que el Gobierno extendiera con el DNU 815 la continuidad de la intervención hasta el enero de 2024, la conducción del Enargas encabezada por el kirchnerista Osvaldo Pitrau decidió convocar a una nueva audiencia pública para tratar los ajustes tarifarios que se implementarán a partir de febrero para las transportadoras y distribuidoras privadas del servicio de gas a nivel nacional.

Los aumentos en juego -que se acumularán a las subas de hasta el 150% que se vienen aplicando desde octubre por el nuevo esquema de segmentación tarifaria y quita de subsidios- corresponden a los ingresos específicos de las transportadoras y distribuidoras y al traslado del precio actualizado del gas que regirá en 2023 y que las autoridades de la Secretaría de Energía tienen que definir en los próximos días.

Por medio de la resolución 523, la intervención del Enargas llamó a audiencia pública para el 4 de enero para tratar y debatir de manera virtual los “nuevos cuadros tarifarios de transición” que solicitarán las operadoras privadas para poder hacer frente a los costos operativos y las inversiones mínimas destinadas a mantener el servicio y garantizar las condiciones de seguridad durante el próximo año electoral.

Los incrementos de tarifas -que se expondrán el primer día martes de 2023, cuando la mayor parte de los usuarios se encuentren transitando las vacaciones de verano- alcanzan a las transportadoras TGN y TGS y a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas, Ecogas y Redengas.

La convocatoria audiencia pública: argumentos
En la convocatoria a la audiencia pública, la intervención del ente regulador destacó que el artículo 3 del decreto 1020/20 dejó establecido que “dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados”.

Agregó que “el establecimiento de un régimen tarifario de transición aparece como conveniente y como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias, debiendo tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”.

Tras recordar que el decreto 332/22 estableció “un régimen de subsidios segmentado en Nivel 1 (Mayores Ingresos), Nivel 2 (Menores Ingresos) y Nivel 3 (Ingresos Medios) con el objeto de lograr valores de la energía razonables y susceptibles de ser aplicados con criterios de justicia y equidad distributiva”; el Enargas precisó que -en función de las instrucciones recibidas de la Secretaría de Energía- corresponde convocar a audiencia pública con el fin de tratar los aumentos transitorios de tarifas que se implementarán a partir del mes de febrero.

El interventor del Enargas justificó la modalidad virtual -en lugar de un evento presencial que obligaría a los funcionarios a tener que exponerse públicamente ante los usuarios- con el argumento de que “la posibilidad de participar desde cualquier dispositivo con acceso a internet facilita el acceso a este tipo de mecanismos de participación ciudadana y convierten a estos últimos en instrumentos para promover el federalismo”.

Tarifas: cuál es el plazo para las licenciatarias de servicios de transporte y distribución de gas
Tal como viene sucediendo desde que fue intervenido a principios de 2020, la conducción del organismo regulador decidió nombrar a un abogado de su estructura orgánica como “Defensor de los Usuarios y Usuarias” con el fin de que participe en la audiencia para “proteger adecuadamente los derechos de los consumidores”.

Según los plazos fijados en la convocatoria, las licenciatarias de los servicios de transporte y distribución de gas tendrán tiempo hasta el próximo viernes 16 de diciembre para presentar “los cuadros tarifarios y la información de sustento de los mismos” que permita poner a conocimiento de la ciudadanía y los usuarios el contenido y los alcances de los ajustes requeridos para la adecuación transitoria de las tarifas.

Si bien los porcentajes finales se conocerán una vez que todas las empresas cumplan con el trámite de presentación de sus cuentas y números, los primeros cálculos que se barajan en el sector indican que los ajustes en sus ingresos específicos que reclamarían las distribuidoras para compensar el desequilibrio de los últimos tres años y afrontar los mayores costos de 2023 podrían oscilar entre el 200% y 250%.

En la audiencia pública realizada el último martes donde se trató el precio actualizado del gas que regirá el próximo año y el porcentaje de subsidios que seguirá cubriendo el Estado; la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS) puso sobre el tapete el desfasaje tarifario que arrastran las empresas del sector.

La entidad destacó que, desde fines de 2019 hasta ahora, el valor agregado de distribución aumentó solo un 80% frente a las subas del 265% registrada en los costos de la construcción; del 263%, en el índice del precio al consumidor; del 254%, en los valores mayoristas y del 229% en el coeficiente de variación salarial.