Las consecuencias de la extracción de gas del campo neerlandés de Groningen, el más grande de Europa, es un “fracaso sin precedentes del sistema” y, cuando empezaron a registrarse terremotos, gobierno y empresas antepusieron los beneficios económicos e ignoraron los intereses de los vecinos, al subestimar el daño material y mental causado.

Son las conclusiones publicadas este viernes por un comité parlamentario creado hace dos años para investigar por qué la explotación de este campo de gas natural del norte de Países Bajos, de los más importantes del mundo, ha generado malestar entre los vecinos, daños en miles de casas, miles de millones de euros en costes adicionales y una disputa continua sobre responsabilidades del daño causado.

Durante la presentación del informe de casi 2.000 páginas, el jefe del comité, Tom van der Lee, lamentó que haya faltado “la perspectiva moral” en los debates y subrayó que quienes han tomado las decisiones sobre la continuación de la extracción de gas estaban a “kilómetros de distancia” de los locales y los problemas que sufrían.

El Comité considera que Países Bajos tiene “una deuda” con Groninga.

“Países Bajos y las compañías se han beneficiado del campo de gas durante 60 años y ha sido una fuente importante de nuestra prosperidad nacional”, pero esto ha tenido un precio, una deuda que el Estado neerlandés y las empresas de gas deben pagar, advirtió.

En una primera reacción, el gobierno del liberal Mark Rutte consideró “muy graves” estas conclusiones, reconoció que “la gente de Groninga siempre tuvo razón”, y reconoció la existencia de “una deuda” con los residentes.

“Esto es muy serio. Cuando lees del tirón todos esos hechos, te quedas sin aliento y eso también me pasó a mí. Siento sobre todo vergüenza y eso significa que tenemos que hacer algo al respecto”, admitió el secretario de Estado de Minería, Hans Vijlbrief.

Más de 1.600 sismos de hasta 3,6 en la escala de Richter han golpeado la provincia desde 1986, lo que, según el informe, ha provocado daños en unos 85.000 edificios, pero hasta la fecha solo el 30% de las viviendas han sido sometidas a las renovaciones necesarias.

Las consecuencias de las tareas de extracción de gas y la forma de gestionar la situación han convertido esto en “un fracaso sin precedentes del sistema”, tanto del sector privado como público, aunque “no se trata solo de saber quién es el responsable, sino del requisito moral de compensar el daño y el dolor causados a Groninga y sus residentes, y de movilizar personal y dinero adicional para ello”.

Las reclamaciones por daños deben manejarse “de manera más suave, fácil y humana”.

Una de las tareas más urgentes, dice, es acelerar los procesos de reparación de las viviendas, pero esto debe ir acompañado de inversiones para atraer nuevos negocios y proteger el patrimonio cultural de la provincia, con el objetivo de dar a la región en su conjunto una mayor perspectiva de futuro.

El informe, que contó con 68 entrevistas (desde altos funcionarios y empleados de Shell, hasta residentes de Groninga) se presentó en Garmerwolde, donde un terremoto en 2018 llevó finalmente al Ejecutivo a tomar la decisión de iniciar el fin gradual de la extracción de gas de la provincia este año.

Aunque, durante la investigación, trascendió que la inspección ya había recomendado poner fin a la extracción de gas en Groninga en 2013 por el riesgo de terremotos, una advertencia que fue ignorada por el sector público y privado, priorizando el interés económico sobre la seguridad e ignorando sistemáticamente el interés de los residentes, señaló Van der Lee.

El informe también asegura que los sucesivos ministros no estaban bien informados sobre los peligros que representaba la extracción de gas, y eso también se aplicaba al Parlamento, que no recibió la información correcta para cumplir con su papel como representante de los intereses de los ciudadanos.

Los ingresos obtenidos por Groninga ascendieron a 428.000 millones de euros desde que comenzó la explotación de este yacimiento en 1863, y de ese total, 363.000 se destinaron al Estado neerlandés. Shell y ExxonMobil, copropietarios de NAM (la compañía creada en 1963 para distribuir gas neerlandés) se han repartido 66.000 millones de euros.

“Siempre que sea posible, sin duda queremos contribuir a esto (mejorar la situación de los vecinos). Está claro que debemos prestar más atención a la sociedad en la que trabajamos, depende de nosotros demostrar que como empresa hemos aprendido de esto”, admitió NAM en una respuesta al informe.