Los planes de incrementar la capacidad de importación de gas fósil licuado en la Unión Europea (UE) aumentarían las emisiones comunitarias de gases de efecto invernadero en hasta 950 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, lo que supone un 32 % más que en 2019, advierte hoy la ONG ambientalista Greenpeace.

En un informe publicado este jueves, analiza “cómo las corporaciones de gas se benefician de la guerra en Ucrania” y habla de “un sistema energético roto que sirve a los intereses de los contaminadores, no a las personas”, y pone de ejemplo la fracturación hidráulica (fracking), un método prohibido en la UE, pero, dice la ONG, gobiernos y bancos europeos lo fomentan aún en Estados Unidos para saciar la demanda europea, con efectos en la comunidad local.

Además, la extracción y el transporte de gas licuado en Texas, Luisiana y Nuevo México (EEUU) ha resultado en un empeoramiento de la calidad del aire, agua contaminada, enfermedades respiratorias, problemas de nacimiento y tasas elevadas de cáncer para las comunidades que viven cerca de los campos de gas y las terminales de exportación, que son predominante comunidades negras e indígenas, y de bajos ingresos.

“La industria de los combustibles fósiles ha capitalizado cínicamente la invasión de Ucrania. Los intermediarios de la industria del gas utilizan su escandalosa proximidad a quienes toman decisiones para presionar por un trato favorable. Y los políticos les hacen caso”, señala Silvia Pastorelli, activista climática de Greenpeace UE.

La ONG asegura que las compañías de gas están “aprovechando” el impacto de la invasión de Ucrania para “debilitar las regulaciones e impulsar nuevas propuestas” para aumentar las importaciones de gas, y “atrapar así a Estados Unidos y Europa en contratos que durarían entre 15 y 20 años, lo que amenaza los objetivos climáticos”.

Además, advierte de que la mayoría de esos proyectos propuestos por las energéticas “no estarían operativos a tiempo como para abordar la escasez de energía” a corto plazo que deriva de la guerra en Ucrania, y solo estarían en marcha hasta 2026, “demasiado tarde”, agrega.

Pastorelli exige a los gobiernos europeos “liderar la lucha climática, y no dejarse manipular por los operadores de gas que sacrifican la salud y la seguridad de las comunidades simplemente para aumentar sus ganancias”, y les instó a buscar una fecha para la eliminación total de gas fósil.

De salir adelante los proyectos aprobados por Estados Unidos, su capacidad de exportación de gas se duplicaría a 439 bcm al año, con emisiones anuales equivalentes a 393 millones de coches. Esto hace que, para 2030, Estados Unidos por sí solo excedería los límites hacia las cero emisiones netas definidos por la Agencia Internacional de Energía (IEA) para el comercio “mundial” de gas licuado.

Las exportaciones de este producto por parte de Estados Unidos hacia Europa aumentaron un 140 % en 2022, con casi una cuarta parte para Francia, seguida muy de cerca por Reino Unido y España.

Al mismo tiempo, se están impulsando los planes para una serie de nuevas terminales de importación de gas licuado, cuando, señala Greenpeace, las políticas europeas sobre el cambio climático deberían incluir la eliminación gradual del gas licuado antes de 2030 y de todo el gas fósil para 2035.

“Actualmente en Europa se están construyendo ocho terminales de gas licuado y se han propuesto 38 más. Estas terminales, si se construyen, agregarían 950 millones de toneladas de CO2 equivalente por año. A pesar de este aumento masivo en las importaciones y los planes de infraestructura, la tasa de utilización de regasificación de gas licuado en la UE fue solo del 63 % en 2022”, subraya la ONG.

Estos desarrollos “amenazan con crear un exceso de suministro estructural masivo” de gas fósil en Europa que acelerará la crisis climática y creará dependencias que debilitarán la seguridad energética europea, alerta Greenpeace sobre los planes de Estados Unidos y de la UE en su conjunto.

Entre otras cosas, Greenpeace pide a la UE que detenga la construcción de nuevas terminales, prohíba nuevos contratos de gas a largo plazo, y aborde los conflictos de intereses y expulse a la industria de los combustibles fósiles del proceso de toma de decisiones.