La Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó el pedido de la Argentina para que una demanda por la estataización de la compañía YPF se resuelva ante los tribunales argentinos al confirmar la jurisdicción estadounidense. El Estado argentino podría ser condenado a pagar uS$ 3000 millones.
La resolución ratifica el fallo del año pasado de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. permitió a Petersen Energia Inversora SAU, una subsidiaria de Grupo Petersen que era propietaria del 25% de YPF, seguir adelante con sus reclamos de incumplimiento de ley y permitió que el caso procediera bajo la excepción de “actividad comercial” del Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 (FSIA), indicaron Bloomberg y otras agencias internacionales de noticias citadas por Telam.
La demanda acusa a Argentina de expropiar el 51% de YPF SA en 2012 en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública.
En su presentación, el grupo empresario también afirma que “YPF no hizo cumplir una disposición que elimina los derechos de voto y dividendo de cualquier adquirente. Esos estatutos se adoptaron en 1993, cuando YPF era una empresa estatal y pasó a ser privada.
El expediente vuelve a manos de la jueza de primera instancia Loretta Preska, quien ya había fallado en contra de los intereses argetinos hace tres años. Esa jueza podrá pedir medidas de prueba a todas las partes y definir el alcance del juicio.