Laura Monti, procuradora fiscal de la Nación, dictaminó sobre el pedido de inconstitucionalidad de la medida, promovido por la provincia de Neuquén. El congelamiento fue dispuesto por 90 días, por el Gobierno nacional, para aliviar la crisis económica.
La procuradora fiscal de la Nación dictaminó una resolución que establece que es la Corte Suprema, y no los juzgados de primera instancia de las provincias, la que debe entender en el conflicto por el congelamiento de los combustibles.
Monti definió la competencia al entender en el pedido de inconstitucionalidad de la medida promovida por la provincia de Neuquén, en virtud de que la decisión de la administración central “afecta negativamente los ingresos provinciales”, tanto por las regalías perdidas como por la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos”.
“A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, señaló la procuradora en una resolución firmada anoche.
En definitiva, el análisis de Monti estimó que por tratarse de un conflicto entre estados provinciales y Nación, es la Corte Suprema la que debe intervenir, tal como establece la Constitución cuando fija las competencias del máximo tribunal.
Si bien la definición de Monti sólo alcanza al pedido de inconstitucionalidad presentado por la provincia de Neuquén, se presupone que las otras 12 provincias que acudieron a la Corte obtengan una decisión en la misma línea.