La medida impuesta por el Gobierno nacional genera preocupación en Vaca Muerta. Son más de 850 pymes que estarían al borde del colapso con esta decisión. De ese total son 108 son las que entran para trabajos pesados en áreas petroleras.
En Neuquén son más de 850 empresas que ingresan a yacimientos para prestar servicios vinculados a la producción de petróleo y gas y de otras que cumplen tareas menos específicas, como el transporte de miles de trabajadores todos los días o la cocina que se consume en una determinada área de la Cuenca Neuquina.
Es por eso que el decreto que congela el precio del crudo que aplicó el Gobierno nacional preocupa a todos los sectores involucrados de Vaca Muerta.
Hay unas 108 agrupadas en dos cámaras del sector: la Cámara Empresarial de la Industria Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA) y la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (Capespe). Sobre todo en el primer caso, se trata de las pymes que pusieron el grito en el cielo en los dos últimos días.
Según informó La Mañana de Neuquén, el efecto del decreto nacional que busca detener aumentos en el precio de la nafta les llegó más directamente con la decisión de YPF de trasladar a su cadena de pagos el mismo tipo de cambio con el que le permiten producir.
La operadora fue la primera en tomar esta medida, en un contexto en el que, como ya anticipó su CEO, Daniel González, deberá recortar entre 100 y 120 millones de dólares por mes para sobrellevar los efectos de la normativa nacional.
Dentro de las empresas neuquinas que ingresan a yacimientos, están las que se desempeñan en la logística de arena para fracturas, manejan herramientas de torque, montan campamentos, realizan mantenimiento y trabajan en la separación de materiales que se extraen de la perforación de los pozos, entre otra amplia variedad de servicios.
En buena medida, todas están cruzadas por incertidumbres y restricciones previas que ahora pueden agravarse. La imposibilidad de conseguir financiamiento en una coyuntura de tasas estratosféricas, y una cadena de pagos cuyos plazos van de los 90 a 120 días, en un escenario de suba de la inflación y aumento del dólar, como en los últimos meses.
También se debe destacar la posible baja en el nivel de actividad, con petroleras que pensarán aún más antes de contratar un servicio, mirando qué ocurre en con actual proceso político y cómo se sale de un escenario de dificultades para el sector.