El viceministro chino de Asuntos Exteriores, Zheng Zeguang, convocó al embajador estadounidense en Beijing, Terry Branstad, para protestar por la aprobación parlamentaria de la “Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong”, que daría poder a Washington para sancionar a funcionarios chinos.
Según un comunicado publicado hoy en la página web de la Cancillería, Zheng exigió a Estados Unidos que “corrija inmediatamente sus errores” y que “deje de interferir en los asuntos de Hong Kong”, que China considera “puramente internos”, por lo que rechaza la injerencia extranjera en las cuestiones relativas a esa ciudad autónoma, azotada por protestas continuas desde junio.
En opinión del viceministro, la aprobación de la ley permitiría a Estados Unidos “interferir abiertamente” en sus asuntos, lo que “infringiría gravemente” las leyes internacionales.
Zheng aseguró que esta ley no tiene en cuenta la realidad de Hong Kong, apoya actos de “delincuencia y violencia” contra China y busca que la ciudad “sea un caos”, recogió la agencia de noticias EFE.
“Cualquier intento de socavar la estabilidad y prosperidad de Hong Kong nunca tendrá éxito”, indicó el representante diplomático, quien exigió a Estados Unidos que “impida” que el citado texto llegue al final del trámite legal, que es la ratificación por parte del presidente, Donald Trump.
“De lo contrario, será Estados Unidos quien cargue con todas las consecuencias que surjan de esto”, advirtió.
El Senado estadounidense aprobó el pasado 19 de noviembre este proyecto de ley, similar a uno aprobado en octubre por la Cámara de Representantes, por lo que ambas cámaras deberán ahora ponerse de acuerdo en una única versión, aunque Trump todavía no ha aclarado si la suscribirá.
La “Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong”, como se llama al proyecto, requeriría, de ser aprobada, que Estados Unidos a través del Departamento de Estado certifique una vez al año que China mantiene su trato especial a Hong Kong con el respeto a su autonomía ante el riesgo de sanciones.
El proyecto también contempla sanciones contra funcionarios chinos responsables de violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas, confesiones forzadas o entregas extrajudiciales, entre otras.