Senadores y diputados mendocinos analizaron ayer en reunión plenaria la propuesta del gobierno provincial de modificar la ley 7.722 que regula y detiene la actividad minera contaminante, industria que el Poder Ejecutivo planea ahora comenzar a reactivar para ampliar la matriz productiva y la generación de empleo.
Presente en el Senado, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, llamó a “proteger el agua utilizando todas las herramientas posibles” y aclaró que esta ley “no es para hacer minería donde no se puede”; por eso “no hay que llevar por el miedo”.
La ley 7.722 fue sancionada en 2007 en medio de una gran oposición social provocada por el temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua, un recurso escaso y vital.
Ahora, el proyecto presentado por el Ejecutivo propone una actualización de la norma, de forma tal que refleje los avances realizados tanto en materia legislativa como en los aspectos concernientes a las competencias del Poder Ejecutivo.
Con el aval del oficialismo, legisladores del justicialismo opositor adelantaron ayer en conferencia de prensa que aprobarían la modificación siempre y cuando se respeten “el control ambiental efectivo, el cuidado del agua, la creación de trabajo mendocino y licencia social”, que hasta ahora se daría en la localidad sureña de Malargüe.
Desde el PJ local la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti aclaró ayer que “si bien el oficialismo tiene los números para avanzar en soledad, el peronismo, desde el Frente de Todos, está sentando posición para garantizar que no se contamine el agua que los mendocinos tomamos y que no haya más cheques en blanco que hipotequen la provincia”.
En relación a la 7.722, Fernández Sagasti pidió “un control ambiental efectivo, un cuidado estricto del agua que deberá ser financiado con fondos de las regalías de la actividad, crear trabajo mendocino y que, por ende, participen de las ganancias y riquezas que surjan de la actividad y garantizar licencia social”.