La operadora está delegando en algunos de sus socios en empresas mixtas la operación diaria de campos petroleros mientras su capacidad se reduce debido a sanciones, falta de personal y un menor flujo de caja, según un exministro, un legislador de oposición y fuentes de la industria.
La producción de crudo de PDVSA y sus empresas mixtas ha caído a aproximadamente un tercio desde su pico de hace 20 años, y el descenso más pronunciado se ha producido desde que militares sin experiencia en la industria se hicieron cargo de su administración y Washington le impuso sanciones en un intento por forzar la salida del presidente Nicolás Maduro.
El año pasado, el gobierno de Maduro y la oposición discutieron la posibilidad de permitir que los socios minoritarios de PDVSA operaran campos petroleros, lo que dejaría sin efecto el requisito legal de que la compañía, que mantiene la mayoría accionaria de todas las empresas mixtas de crudo, asegure el control de las operaciones.
Esto le daría oxígeno a Maduro al alentar inversiones frescas en las operaciones de PDVSA, lo que podría aumentar los ingresos petroleros. Pero el cambio legal sería controversial, luego de que el fallecido presidente Hugo Chávez hiciera de las nacionalizaciones una de sus estrategias más emblemáticas.
Rafael Ramírez, asesor de algunas firmas petroleras que han trabajado en Venezuela y quien fue reemplazado como jefe de PDVSA y ministro de Petróleo tras enfrentarse con Maduro en 2014, dijo que la estatal ya está entregando el control operativo a sus socios en las empresas mixtas, aun cuando los cambios legales no se han formalizado.
Ramírez dijo que PDVSA ha sido reducida a poco más que una administradora de contratos con empresas privadas. “(PDVSA) no produce más (…) Anda firmando contratos para que otros produzcan en una privatización de facto”, señaló Ramírez a Reuters en una entrevista desde un lugar que pidió no revelar.
El exfuncionario nombró a Rosneft y CNPC entre las empresas extranjeras que están ayudando a PDVSA a mantenerse a flote mediante la operación de campos conjuntos, la inyección de capital o la compra de mayores participaciones en algunas empresas mixtas.
CNPC y Rosneft no respondieron a solicitudes de comentarios. PDVSA y el ministerio de Información, que maneja las solicitudes de los medios para el Gobierno de Maduro, tampoco contestaron las preguntas de Reuters.
Luis Stefanelli, legislador opositor que forma parte de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, dijo que el gobierno y PDVSA están dejando espacio para que las socias privadas de la estatal asuman más responsabilidades en empresas mixtas.
“Están buscando fórmulas que hemos planteado en diversas oportunidades, (pero lo están haciendo) violando las leyes”, dijo a Reuters.
Un ejecutivo de CNPC que recientemente visitó las instalaciones de la firma en Venezuela confirmó que existe la intención de ceder a los socios minoritarios la operación de algunos campos, pero lo calificó como una “propuesta fútil”.
“Aun si en Caracas aprueban el cambio legal para permitir a los inversionistas minoritarios convertirse en operadores, las compañías apenas pueden hacer su trabajo”, sostuvo, antes de agregar que algunas petroleras han reducido más su personal y enfrentan problemas para combatir la corrupción en la industria.
Ramírez fue el ministro con más años en el gabinete de Chávez al supervisar la industria petrolera durante más de una década. Maduro lo acusa a él y a muchos otros exejecutivos de corrupción. El exfuncionario dijo que él y otros gerentes de PDVSA han sido víctimas de una cacería de brujas política.
Ramírez sostuvo que las asociaciones y contratos que algunas petroleras han firmado con PDVSA sin autorización de la Asamblea Nacional podrían ser anulados por cualquier futuro gobierno. “Ellos pueden tomar ventaja de la debilidad del país. Pero llegará un gobierno que pondrá la cosa en su sitio”, agregó.