En busca de recuperar los niveles de crecimiento y desarrollo con acciones a corto plazo y mediano plazo.
El Gobierno de San Juan detalló las propuestas para el sector minero que se transformarán en proyectos de ley o medidas del Ejecutivo provincial, a fin de recuperar los niveles de crecimiento y desarrollo con acciones a corto plazo y mediano plazo.
En tal sentido, se mencionan propuestas tales como la actualización del código de procedimientos mineros (ley 688-M) e incentivos a inversiones en infraestructura pública.
El nuevo código minero apuntará a una mayor concordancia con normas nacionales y a que la autoridad de aplicación “tenga una herramienta más eficiente para la verificación de las inversiones indicadas por las empresas, y la existencia de labores legales que aseguran el amparo de la concesión”.
La inversión en infraestructura, en tanto, se respaldará a través de créditos a cuenta de tributos futuros: si las empresas que desean producir en San Juan necesitan obras de carácter público (viales, eléctricas, etc), se podrá avanzar de modo simultáneo y los recursos dispuestos serán descontados de sus obligaciones futuras.
“Esto elevará el ya alto atractivo que tiene la provincia en el extranjero como distrito minero en toda Latinoamérica”, destacó un comunicado del Gobierno sanjuanino.
También se prevé la creación de un fondo fiduciario para apoyo a pequeña y mediana minería, financiado con aportes del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) y el Ministerio de Minería, a fin de facilitar el acceso al yacimiento, equipamiento de explotación y otro tipo de beneficios.
En cuanto a la modificación de la Ley de Regalías Mineras, el 10% de los recursos asignados al Ministerio de Minería será destinado al fortalecimiento del Sistema Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación.
“El objetivo es promover el crecimiento con equidad en la provincia y aumentar la competitividad de las empresas locales, la generación de nuevos puestos de trabajo y la empleabilidad de los ciudadanos”, se indicó.
Por último, los recursos asignados a los municipios donde se encuentran emplazados los proyectos mineros “deberán ser destinados a la realización de proyectos estratégicos vinculados con el desarrollo económico, productivo, industrial, turístico, que brinden condiciones para generar mayor mano de obra; y a la construcción de viviendas en el departamento”, y en ningún caso serán para erogaciones corrientes.