ADEERA recordó que “el precio mayorista de la energía que se aplica a usuarios residenciales y generales será tratado en la próxima Audiencia Pública que convocó el ENRE para el 17 de febrero donde se abordaría la posibilidad de bajar los subsidios”.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (ADEERA) afirmó que la eventual quita de subsidios que analiza el Gobierno nacional no implica una mejora en los ingresos de las empresas prestatarias del servicio, cuyas tarifas serán motivo de Audiencia Pública el 17 de febrero y en las que determinen las jurisdicciones provinciales.

La entidad que nuclea a 49 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo y presta servicios a 14 millones de hogares en todo el país, expresó mediante un comunicado que “los ingresos de las distribuidoras no aumentarán, pese a la quita de subsidios”.

En ese sentido, ADEERA recordó que “el precio mayorista de la energía que se aplica a usuarios residenciales y generales será tratado en la próxima Audiencia Pública que convocó el ENRE para el 17 de febrero donde se abordaría la posibilidad de bajar los subsidios”.

El ENRE y la Secretaría de Energía avanzan en el análisis de una diferenciación tarifaria que permita focalizar el gasto del Estado en cubrir parte del costo de las facturas de servicios de gas y luz de aquellas familias que no puedan afrontar la tarifa plena, y reducir el subsidio a los sectores de mayores ingresos.

En la audiencia convocada por el ENRE se tratará la determinación de los precios de referencia de la potencia (POTREF) y del precio estabilizado de la energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como del precio estabilizado del transporte para el MEM del Sistema de Tierra del Fuego.

También se analizará el Régimen de Transición Tarifaria propuesto por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transener, Transba, Districuyo, Transpa, Transco, Transnea y Transnoa y las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur.

Las dos operadoras de Área Metropólitana Buenos Aires son las únicas cuyo valor agregado de distribución se discuten bajo órbita federal, ya que el resto de las compañías dependen de las jurisdicciones provinciales y tienen sus propios mecanismos de actualización de tarifas.

La entidad aclaró que si bien en las audiencias se tratan las revisiones transitorias hasta 2023 -tal lo acordado con el Gobierno el año pasado- es necesario una Revisión Tarifaria Integral (RTI), en los términos de la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico N° 24.065.

ADEERA, también señaló con vistas a la audiencia que “mientras que la demanda de energía eléctrica mantiene un crecimiento sostenido en todas las categorías de usuarios, las distribuidoras afrontan los costos del servicio con ajustes menores a la inflación en todas las provincias”.

Por su parte, según datos de la entidad “el 50% de la población paga facturas por el servicio eléctrico por debajo de los $1500, mensuales, lo que equivale al 4,5% del salario mínimo vital y móvil”.

Otro dato significativo que se destacó respecto a la situación actual de las empresas de distribución de energía eléctrica, está dado por la incidencia de las tarifas eléctricas sobre las actividades comerciales e industriales.

“El impacto del valor de la energía sobre sus costos es cada vez menor (menos del 3% en la mayoría de los casos, con excepción de las actividades electrointensivas), producto del efecto inflacionario por un lado, y del retraso tarifario por otro”, precisó ADEERA.