La principal patronal de las renovables en Comunidad Valenciana, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de Energías Renovables (Avaesen), considera que la decisión de la nueva corporación municipal de Elche, de PP y Vox, de suspender la concesión de licencias para plantas fotovoltaicas pone en riesgo 24 proyectos en tramitación que suman 100 millones de inversión.
Avaesen también advierte que el Ayuntamiento de Elche puede enfrentarse a responsabilidades jurídicas y patrimoniales por la suspensión de licencias de obra a proyectos fotovoltaicos ya que, además de los promotores de las plantas afectadas podrían denunciar los propietarios de los terrenos por daños y perjuicios al Ayuntamiento de Elche.
Desde el consistorio ilicitano, cuyo término municipal además de albergar la tercera mayor ciudad de la comunidad por habitantes abarca un amplio territorio rural, se justificó la suspensión de licencias de nuevas plantas fotovoltaicas para facilitar el estudio para la reforma de la ordenación urbanística de energía renovable en suelo no urbanizable.
Según ha explicado la patronal en un comunicado, los vecinos propietarios de los terrenos podrían emprender acciones legales al ver cancelados sus contratos de arrendamiento a 30 años, algunos de ellos inscritos en el registro de la propiedad y muchos de ellos incluso ya han pagado los impuestos de Actos Jurídicos Documentados por los 30 años de duración, dado que los arrendamientos son legales y estaban dentro del ordenamiento en el momento en el que se formalizaron.
“Bomba de relojería”
Para el director general de Avaesen, Pedro Fresco, “si el ayuntamiento quiere la plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculables”.
Fresco, que fue director general de Transición Ecológica en la Generalitat con Mireia Mollà en la Conselleria, ya había mostrado durante esa etapa su rechazo a esa medida por parte de los ayuntamientos, ya que consideraba que existían garantías suficientes.
El responsable de la patronal recuerda que “la CNMC ya ha avisado que la instalación de energías renovables es una actividad sometida a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que limitaciones de este tipo suponen una restricción al ejercicio de esta actividad. Sólo imperiosas razones de interés general justificarían limitaciones de este tipo, que además deberían justificar la necesidad, la proporcionalidad y la ausencia de alternativas menos restrictivas”.
Para Fresco, “es evidente que una suspensión generalizada de licencias que aplica a multitud de pequeñas plantas fotovoltaicas en un municipio de casi 33.000 hectáreas no es ni proporcional ni justificado, y mucho menos cuando no se puede invocar la protección del medio ambiente al haber recibido muchas de estas plantas informes ambientales positivos”.
Según los promotores, un buen número de las plantas solares fotovoltaicas tramitadas en Elche cuentan con todos los informes favorables, a falta de la licencia urbanística, lo que a juicio de Pedro Fresco “hace que la decisión del Gobierno de Elche sea irresponsable se mire por dónde se mire. Ya no por el quebranto económico para la Comunidad. Valenciana, también por los cientos de miles de toneladas de emisiones de CO2 que se podría evitar emitir a la atmósfera con la construcción de las plantas proyectadas”.
Además del parón inversor, Avaesen calcula que el perjuicio que esta cancelación generará incluirá a los 500 puestos de empleo previstos y a los propietarios de los terrenos que habían llegado a acuerdos para alquilar los terrenos por aproximadamente 24 millones de euros en 30 años.