a jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, expresó hoy que el gobierno del presidente Maurcio Macri tiene “plena autoridad” para adoptar decisiones en el caso que se lleva adelante en ese tribunal por la demanda ante la nacionalización de la petrolera YPF durante el kirchnerismo.
“El Presidente de Argentina ha sido debidamente elegido por los ciudadanos de su país, y su administración tiene plena autoridad para hacer vinculante decisiones para la República”, afirmó la magistrada en un breve escrito en el expediente por el juicio millonario iniciado por los ex accionistas de YPF: Peterson y Eton Park.
El 17 de septiembre, Preska pospuso para diciembre las presentaciones del fondo de inversión Burford (en poder del litigio de ambas compañías) y a enero la defensa por parte de la Argentina respecto de la definición del “foro no conveniente” en el marco del juicio YPF.
En aquel momento, la jueza argumentó la necesidad de que “haya una idea más clara de qué administración tendrá el poder de hablar por la República”, lo que fue negativamente recibido por el gobierno argentino, y obligó a la aclaración que hoy hizo pública la magistrada.
En ese sentido, Preska aclaró que “como está escrito, la orden podría interpretarse, incorrectamente, para sugerir que la autoridad legal de la administración actual no está clara porque hay una elección en el horizonte”, y en todo caso el tribunal “no tuvo intención de tal implicación”, según informá la agencia Télam.
“Cualquier sugerencia de este tipo -prosiguió Preska hoy- es inexacta y podría establecer un precedente peligroso para la república o cualquier escrito soberano”.
Finalmente, la jueza aclaró que su medida de postergar las fechas de presentaciones no recibió la oposición de la República Argentina, que por el contrario “se reserva su derecho de buscar tiempo adicional para preparar su respuesta tras recibir el escrito de los demandantes”, en diciembre.
En consecuencia, el tiempo de Petersen Energía y Eton Park capital Management para presentar los documentos de oposición se extiende hasta el 7 de diciembre; y el tiempo para que la República Argentina dé respuesta se extiende hasta el 7 de enero de 2020.
El 30 de agosto la defensa Argentina completó ante ese juzgado la argumentación sobre lo que la ley estadounidense define como “forum non conveniens” (foro no conveniente), de acuerdo a lo resuelto en la primera audiencia que se realizó en julio pasado en los tribunales de Nueva York.
En ese momento la lectura que se hizo desde la defensa argentina fue de un revés para el fondo Burford -la parte litigante contra el país- dado que entonces se esperaba que la jueza desestimara la argumentación argentina que pretende que el caso pase a la jurisdicción nacional.
“Aún cuando se trate de una jueza americana se debe aplicar la ley argentina o si no, se debe trasladar acá”, sostienen fuentes oficiales a Télam, según las cuales la extensión de los plazos se realizó con “un fundamento poco afortunado”, se expresó tras conocerse el fallo del 17 de septiembre.
“Es un mensaje muy duro políticamente hablando”, insistió la fuente, la Argentina “no puede consentir que se confunda Estado con Gobierno”, profundizó, y recordó que ya la jueza Preska había rechazado en 2015 la presentación de un “foro no conveniente” realizada por la defensa Argentina bajo la premisa de que no existía seguridad jurídica en el país.