Javier Milei aseguró que pretende crear un impuesto con el nombre del mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el objetivo de pagar la deuda de USD 16.000 millones con el fondo buitre, Burford Capital, por la compra de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

“La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, detalló Milei, que luego agregó que la “perspectiva ideológica” del Gobernador bonaerense “perjudicó a 46 millones de argentinos”.

El Presidente explicó que su decisión unilateral de crear el Impuesto Kicillof se debe a que “la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar” por la “barbaridad que hizo” el Gobernador, en referencia al rol que cumplió en la estatización de YPF, como exministro de Economía bajo el segundo mandato de la exjefa de Estado, Cristina Kirchner.

Como si fuera un castigo a la población, Milei justificó su definición de crear el “Impuesto Kicillof” al decir que el dinero se usará “para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la Universidad de Buenos Aires, parece que esas materias no las estudió, es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”.

En ese marco, es preciso mencionar que, según el fallo de la Justicia de Estados Unidos por la estatización de YPF, Argentina no cumplió el estatuto de la empresa en el que obligaba a quien quisiera adquirir la mayoría a hacer su oferta extensiva al conjunto de los accionistas.

Por ese momento, Kicillof dijo que, por la estatización de YPF, Argentina no iba a pagar “lo que ellos quieran” , en referencia a la suma de USD 10.000 millones para el resto de los accionistas. “Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, indicó.

YPF fue creada en 1922 por el expresidente Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de regular la actividad petrolera de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país, y fue vendida a la empresa española Repsol en 1999, durante el mandato neoliberal del expresidente Carlos Menem.

Posteriormente, en el año 2012, el Estado argentino compró el 51% de las acciones de YPF, pero sin pagarle al resto de los accionistas, razón por la cual la Justicia norteamericana falló a favor del fondo buitre Burford Capital, para que se pague el total de los intereses de la deuda, de USD 16.000 millones, el 10 de enero, o podrían pedir embargos.