Una investigación hace dos meses reveló que más de 160 mil beneficiarios de planes sociales realizaron viajes al exterior, incluso en aviones y yates. Sin embargo, pese a las promesas de la actual ministra de Sandra Pettovello, todavía no fueron dados de baja y las estimaciones refieren a un costo de 12 mil millones de pesos por mes.
Más allá de la decisión del gobierno nacional de dar de baja esos beneficios, solo se hicieron efectivos los 4.588 planes que eran cobrados por empleados públicos, tal como comunicó el Ministerio de Capital Humano. La investigación que estuvo a cargo de Guillermo Marijuan mencionaba que “esta circunstancia es palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa” Potenciar Trabajo.
“La falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas, demuestra un desprecio absoluto por parte de los funcionarios públicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional”, explica la denuncia de Marijuan.
En detalle, la investigación mostró que 817 personas viajaron al exterior en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 en auto y otros 149.227 en medios de transporte que no fueron detallados. Todos los enumerados cobraban lo correspondiente al Potenciar Trabajo, programa que sigue vigente.
La llegada de Sandra Pettovello al área, junto al secretario de Desarrollo Social, Pablo De la Torre, presentaba una nueva oportunidad para finalmente dar de baja los mencionados beneficios. Cerca de cumplirse el primer mes de gestión, no hubo una definición oficial sobre los 160 mil casos cuando faltan pocos días para la acreditación de una nueva cuota.
Otro de los pasajes de la denuncia de Marijuan expresa: “Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”.
Ante la certeza de que el costo mensual es más de 10.500.000 millones de pesos, el fiscal explicó que “al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”.