Hay 220 oradores inscriptos para la segunda jornada. Los ejes de la primera jornada pasaron por los costos de producción, inversiones y salarios.
La audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural se realizará mañana convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), con la participación de más de 220 oradores inscriptos.
La nueva instancia de participación se celebrará desde las 9 vía streaming, y se podrá seguir a través de la plataforma de YouTube y la página web del ente regulador, en un esquema similar al que se desarrolló hoy por la audiencia pública por el precio del gas a boca de pozo.
De la segunda de estas audiencias, participarán 226 oradores y en ella se analizará la adecuación transitoria de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, con el objeto de poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición por el Decreto 1020 -el que determinó el inicio de la renegociación de la RTI vigente.
Entre los expositores estarán las licenciatarias de transporte y distribución del servicio de gas por redes, legisladores, representantes de las defensorías del pueblo, asociaciones de defensa del consumidor, directivos de entidades empresariales y de organizaciones no gubernamentales y público en general, entre otros.
Para esta instancia las distribuidoras de gas natural presentaron sus propuestas al Ente para la actualización tarifaria en las que plantearon un ajuste del componente de distribución considerando el algoritmo de cálculo del índice de precios internos al por mayor (IPIM), para el período de abril de 2019 y febrero de 2021.
La variación resultante de la comparación de las distintas operadoras resultó de hasta 148,9%, para lo cual las empresas presentaron sus propuestas alternativas de ajuste tarifario que arrojaron disímiles impactos según los diferentes consumos y fórmulas aplicadas.
Las opciones que proponen las empresas para ajustar tarifas contemplan un aumento de los cargos fijos, o de los cargos variables, o una combinación de ambas, que permitan abordar una tarifa de transición para 2021 y alineada a un impacto esperado en la economía de los hogares en torno a un 10%.
Las distribuidoras que participarán de la audiencia pública y que presentaron sus requerimientos son Gasnea, Redengas; Naturgy BAN, Gasnor, Gas del Centro, Gas Cuyana, Metrogas, Litoral, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
Lo propio hicieron las empresas Transportadora Gas del Sur (TGS) y Transportadora Gas del Norte (TGN), quienes elevaron pedidos de incrementos de hasta el 58%, con un impacto sensiblemente menor en la factura final de acuerdo a su ponderación.
TGS propuso un incremento de transición de 58,6% y los correspondientes nuevos cuadros tarifarios resultantes para las distintas categorías de usuarios de acuerdo a su consumo mensual, y tomando como referencia un cliente de la distribuidora Metrogas, la más alejada de los centros de producción y con mayor impacto del transporte.
En el caso de TGN, la empresa propone un incremento en la tarifa local de transporte del 44,5%, y para ello toma como ejemplo el área de la distribuidora Gasnor, Subzona Tucumán, y el área de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires.
La realización de las audiencias públicas tienen un carácter no vinculante para la decisión de incrementos tarifarios que se puedan adoptar, si bien su concreción resulta necesaria para poder llevar adelante los ajustes.
PRODUCCION, INVERSIONES Y SALARIOS
Más de 40 oradores participaron de manera online de la audiencia organizada por la Secretaría de Energía, entre legisladores nacionales, asociaciones de defensa del consumidor, defensorías del pueblo y representantes de empresas productoras y de distribución
El titular de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), Carlos Magariños, reseñó en su presentación que las principales petroleras que operan en el país “entre 2015 y 2019 registraron inversiones anuales de US$ 8.000 millones en la producción de petróleo y US$ 2.000 millones en combustibles, y una contribución tributaria de US$ 5.000 millones en impuestos internos, retenciones y regalías”.
El representante de las grandes petroleras que operan en el país destacó el “compromiso asumido por las empresas con el Plan Gas para detener la declinación de la producción, aumentar la oferta, incrementar inversiones, sustituir combustibles, generar desarrollo local, trabajo directo y trazar el camino como exportador de gas”.
Por su parte, la diputada oficialista Fernanda Vallejos dijo que la discusión sobre el precio del gas y los subsidios, equivale a “hablar sobre el salario indirecto para las familias cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y distribución del gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.
“Esos subsidios -afirmó la legisladora- representan una política de competitividad, porque la energía es un vector crucial, y por ende impulso del consumo y de la demanda, lo que hace de los subsidios una política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones de la Argentina”.
En representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), Albeto Calsiano llamó la atención sobre “los 3.000 grandes usuarios que compran en el mercado mayorista”, al que calificó como “el sector que históricamente pagó el precio del gas más caro y sufrió la mayor cantidad de cortes, y que como consecuencia de la caída de la demanda en mayo 2020 cerraron contratos anuales a valores decrecientes inferiores a los del Plan Gas” recientemente licitados
Tras resaltar que “la industria atraviesa una situación estructural”, Calsiano destacó que el sector “necesita tener un precio competitivo del gas en forma de energía o de materia prima”, en un marco en que “el desarrollo de Vaca Muerta alcance economía de escala para lograr un precio decreciente, y que la reducción de los subsidios no recaiga exclusivamente en el sector productivo”.
Otro de los expositores, el titular de la Asociación Consumidores Libres, el exdiputado Héctor Polino, afirmó que el futuro aumento tarifario “va a incidir en forma negativa en los derechos mas elementales de los consumidores de un servicio público fundamental”, y resaltó que esa decisión no se debería tomar “sin antes analizar cuál es el valor real del m3 de gas en boca de pozo, o si se trata de un valor que fijan las empresas y el gobierno de turno traslada a tarifas y subsidios”.
“Venir a plantear un aumento del precio del gas en medio de una pandemia es afectar aún más el bolsillo de amplísimos sectores de la sociedad”, aseveró Polino al reclamar “conocer cuál es el nivel de rentabilidad que tuvieron las empresas y por qué en un país donde un sector importante de la población todavía no tiene las redes de gas natural”.
A su turno, la representante del Centro de Estudios para al Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Paula Soldi, recordó en la audiencia “el fallo emblemático de la Corte Suprema de 2016 sobre tarifas justas y razonables, en la que debe primar la capacidad de pago de los usuarios sobre las ganancias de las empresas”, al reclamar también “cuál es el costo de producción del gas en la Argentina”.
“Venimos de 4 años de tarifazos impagables que significaron una transferencia fabulosa de recursos del los argentinos a un pequeño puñado de empresas”, agregó al pedir “no tomar decisiones sin considerar los efectos sobre el conjunto de la economía, y que podrían hacer que la incipiente recuperación se detenga en lugar de consolidar una senda virtuosa de crecimiento que recomponga el ingreso popular perdido”.
Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, coincidió en que “la determinación del precio final del gas impactara en la factura final del usuario y es e imprescindible tener en cuenta la capacidad económicas de los usuarios. Deben contemplarse las circunstancias sociales, políticas económicas y el análisis de los efectos de la pandemia”.
“En la Argentina hay usuarios que se endeudan para pagar su facturas. Los pagos de servicios no deben disminuir la capacidad de las personas de ceder a los derechos de la saluda, la educación, a la alimentación y una vivienda digna”, postuló la Defensora al pedir “mantener el esquema de bonificación del 100% en el precio del gas para la tarifa social”.
Por el lado empresario, en representación de Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), Daniel Martini, planteó que la decisión de un nuevo precio del gas a boca de pozo “debe mantener la neutralidad económica” en el denominado pass through del costo de la energía al usuario.
A pesar de ello, estimó que ese pasaje de precios no alcanzará “a compensar todo el impacto económico que genera en los costos de una distribuidora y que para el próximo año podría representar un sobre costo del sistema de $ 5.400 millones”.