Para el interventor del ENARGAS enfatizó que “de los 3 millones de usuarias y usuarios que considera este proyecto, cerca de 2,6 millones percibirán un 30% de descuento”.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, defendió el proyecto de ley tarifario de Zonas Frías al destacar que “no implica ningún costo para el fisco ni requiere de subsidios adicionales” y subrayar que el régimen propuesto “se autofinancia”.
Bernal parafraseó al diputado nacional Máximo Kirchner manifestando que el proyecto implica “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.
Respecto a la cuestión fiscal, el titular de ENARGAS explicó que “no hay impacto en tanto no se necesitan transferencias directas del Tesoro para solventar el funcionamiento del régimen de zona fría” ya que los recursos saldrán del “recargo sobre el precio de venta del gas en boca de pozo y que hoy por hoy es de 4,46%” que hará el Fondo Fiduciario creado para tal fin.
Además, ponderó Bernal que “de los 3 millones de usuarias y usuarios que considera este proyecto, cerca de 2,6 millones percibirán un 30% de descuento para todas las facturas del año, mientras que unos 400.000 que actualmente tienen tarifa social serán además -acreedores de un 50% de descuento en la factura”.
Por otro lado, descartó la necesidad de mayores subsidios para solventar el régimen propuesto y estimó que, “en las condiciones actuales, las modificaciones del tipo de cambio conducirían a una mayor recaudación por parte del Fondo con respecto a lo calculado”.
Asimismo, Bernal rechazó que la ley signifique un aumento considerable en las facturas de los usuarios y vaticinó que “que el impacto debería ser en cualquier caso marginal, sobre todo en los casi 4 millones de usuarios y usuarias beneficiadas que percibirán descuentos del 30% al 50%”.
El proyecto de ley denominado Zonas Frías propone la disminución de tarifas de gas en conglomerados de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta y alcanzaría a más de 3 millones de personas.