La Comisión de la UE rechazó la objeción de taxonomía: ahora Greenpeace los demanda

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Greenpeace llevará a la Comisión Europea a los tribunales por su decisión de incluir el gas y la energía nuclear en la lista de inversiones de la UE que pueden etiquetarse como “verdes”, anunció la organización ambientalista.

Greenpeace solicitó una revisión formal en septiembre de la decisión de la Comisión, argumentando que la Unión Europea había violado sus propias leyes climáticas al etiquetar algunas inversiones en gas y energía nuclear como verdes.

Después de que Bruselas rechazó su solicitud de retirar las reglas, Greenpeace informó que presentaría una demanda ante el tribunal superior de la UE en abril, alegando que los límites de emisiones de CO2 para las centrales eléctricas de gas son demasiado flexibles para que la UE logre sus objetivos climáticos.

“Lucharemos contra esta etiqueta verde falsa en los tribunales”, dijo Ariadna Rodrigo, activista de Greenpeace.

Otros cuatro grupos, WWF, Amigos de la Tierra Alemania, Transporte y Medio Ambiente y ClientEarth, también habían solicitado a Bruselas que retirara la etiqueta verde para el gas y están considerando qué acciones van a tomar.

Un portavoz de la Comisión señaló que había evaluado las reclamaciones y llegó a la conclusión de que sus normas de financiación verde no contravenían la legislación medioambiental.

“La Comisión no modificará la Ley Delegada Complementaria”, manifestó el portavoz, añadiendo que las normas etiquetan las inversiones en gas y energía nuclear como ecológicas bajo “condiciones estrictas” que se revisarán cada tres años.

“Esto se ajusta a nuestro camino hacia las cero emisiones netas, en el que el gas y la energía nuclear se reconocen como partes importantes de la transición en varios Estados miembros”, agregó el portavoz.

Las normas de la UE, conocidas como taxonomía, pretenden establecer un patrón para la inversión sostenible, pero el año pasado se vieron envueltas en una polémica que suscitó un intenso debate entre los Estados miembros.

Países como España y Dinamarca argumentaron que no era creíble etiquetar el gas, un combustible fósil que emite CO2, como respetuoso con el clima. Polonia y Bulgaria fueron algunos de los que solicitaron normas de apoyo a las inversiones en gas, para ayudarlos a abandonar el carbón, más contaminante.

El debate en la UE sobre la conveniencia de utilizar el gas como combustible “puente” entre el carbón y las energías renovables se intensificó después de que el año pasado Rusia, principal proveedor de gas de Europa, redujera drásticamente el suministro tras la invasión de Ucrania.

Las normas de la UE no prohíben las inversiones en actividades sin etiqueta verde, pero restringen cuáles pueden etiquetarse como sostenibles, un sistema concebido para que las actividades verdaderamente respetuosas con el clima sean más visibles y atractivas para los inversores

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