Presentan una proyector de ley para que las pymes se conviertan en operadoras

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El Senado de la Nación vuelve a tener en tratamiento un proyecto de ley para promover acuerdos entre grandes petroleras y firmas más pequeñas para incentivar la producción en viejos yacimientos.

La iniciativa propone, entre otros, beneficios fiscales para las firmas que accedan a desarrollar estos yacimientos que no forman parte de las grandes apuestas de las petroleras, ahora que tienen en buena medida sus posiciones, por caso, en la cuenca neuquina, en el segmento de los desarrollos shale.

“A la fecha, un tercio de los pozos petroleros en producción efectiva obtienen cada uno, un volumen no mayor a los dos metros cúbicos por día de petróleo y muy baja producción en caso de pozos gasíferos. Existen un número significativo de pozos inactivos o fuera de producción que podrían ser intervenidos y vueltos a producción primaria o asistida, en tanto las condiciones económicas fuesen favorables”, dice en sus consideraciones el proyecto que presentó el senador del MPN, Guillermo Pereyra, días atrás en el Congreso de la Nación.

Entre los beneficios que plantea el proyecto para quienes pudieran tomar estas áreas del segmento convencional en todo el país, se encuentran Exención de hasta el cien por ciento del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, al Impuesto al Valor Agregado por la compra de bienes de capital y equipos afectados por la ley, en caso de prosperar.

Al mismo tiempo, plantea beneficios de hasta el 100% en el cobro de los impuestos provinciales y municipales para quienes asuman este desarrollo.

En paralelo, el proyecto deja en manos de la Secretaría de Energía de la Nación la creación de una base de datos con todos los pozos que pudieran ser objeto de este plan.

Dentro de los requisitos que deberían acreditar las beneficiadas, las empresas deberán presentar planes de recupero de pozos hidrocarburíferos de baja productividad o inactivos que “deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación de la concesión”.

El proyecto de ley establece que las empresas que aspiren a los beneficios deberán indicar los niveles monetarios de inversión y la mano de obra que requerirán poner en marcha esos pozos una vez que reciban la aprobación.

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