Ecuador marcó este domingo un precedente a nivel mundial, al decidir mediante un plebiscito detener la explotación de petróleo de uno de sus mayores yacimientos, situado en el Parque Nacional Yasuní, al que se le considera el corazón de la Amazonía ecuatoriana y uno de los epicentros mundiales de biodiversidad.
Con casi un 58 % de los votos escrutados, el 59,14 % de los ecuatorianos votó “Sí” a cesar las operaciones del Bloque 43-ITT frente al 40,86 % que votó “No” a detener la actividad del yacimiento que opera la empresa estatal Petroecuador.
El resultado constituye un rotundo triunfo de Yasunidos, el colectivo ambientalista que impulsó esta consulta nacional con el objetivo planteado por ellos de proteger el Yasuní, un área extremadamente sensible a cualquier derrame de crudo, y también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Nacional.
También es una victoria para el movimiento indígena, que se había manifestado mayoritariamente a favor del “Sí”, en especial el pueblo indígena de los waorani, la etnia más numerosa que habita el Yasuní, una área natural protegida de un millón de hectáreas de extensión.
En el interior de esta reserva natural se han encontrado más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces, y también es el hogar de los tagaero, taromenane y dugakaeri, pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Con la victoria del sí, se suspenden la explotación petrolera actual y no se podrán firmar nuevos contratos para la extracción de este recurso.
De acuerdo al dictamen de Corte Constitucional, que abrió la puerta a la realización del plebiscito, el Estado tendrá como máximo 18 meses “desde la notificación de los resultados oficiales” para ejecutar “los resultados de la consulta”. Además, según el dictamen, con el triunfo del sí el Estado no podrá iniciar “nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación”.
Ramiro Ávila, abogado del colectivo Yasunidos, explica que eso significa que en año y medio “no puede salir una gota más de petróleo y, mucho menos, expandirse el bloque petrolero” 43-ITT.
Un año de plazo
De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional que dio luz verde a la realización del plebiscito, el Estado tiene un año de plazo para desmantelar las instalaciones, un tiempo que, según Petroecuador, es materialmente imposible por los trabajos y protocolos que hay que aplicar para cerrar pozos y desarmar estructuras.
Según los cálculos del Gobierno, el cese de operaciones en el Bloque 43-ITT causará un perjuicio al Estado de 1.200 millones de dólares al año en beneficios por la venta del crudo, lo que en el periodo de 20 años puede ascender a 13.800 millones de dólares.
Las estimaciones del Ejecutivo también contemplan un coste de 500 millones de dólares para desmantelar unas instalaciones cuya construcción costó cerca de 2.000 millones de dólares.
Sin embargo, los colectivos ecologistas mantienen que el impacto económico será mucho menor y que la operación de un crudo pesado como el de Yasuní puede dejar de ser rentable en pocos años a medida que descienda el precio del petróleo, por lo que creen que esos ingresos podrían compensarse con un impuesto a la riqueza.
Estándares ambientales
Petroecuador siempre sostuvo que, desde el inicio de operaciones en 2016, la explotación del Bloque 43-ITT se había llevado con los más altos estándares ambientales para preservar el sensible entorno ambiental en el que se encuentra.