El grupo simpatizante del partido “La Libertad Avanza” habría filtrado los números personales de la familia del Ministro de Economía.
Tres de los imputados por las amenazas a través de redes sociales a la familia del ministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se negaron a declarar y reclamaron ser excarcelados, mientras avanza la investigación para intentar determinar si existió algún tipo de coordinación entre ellos y si hubo alguien más por detrás.
Los imputados del caso son cuatro hombres y una mujer, todos de entre 18 y 35 años, que fueron detenidos en distintos puntos del país como Córdoba, Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Salta, según detallaron fuentes de la investigación.
Cuatro de los imputados en la causa que lleva adelante la jueza María Servini con el fiscal Ramiro González fueron detenidos en la previa de las elecciones, mientras que el quinto imputado, que no fue privado de su libertad, pidió postergar su indagatoria.
Los acusados amenazaron a la familia de Massa, principalmente a su hijo varón, con mensajes como “te vamos a matar”, “no vas a poder vivir en paz” o “decile a tu papi que se baje (de la elección) o no pisas más las calles Buenos Aires”.
Todas las detenciones del caso se produjeron tras una investigación que la Policía Federal (PFA), a través del Área de Cibercrimen y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que se llevó a cabo en las redes sociales de Instagram y TikTok por las amenazas recibidas por la familia Massa.
En los operativos de allanamiento y detención colaboraron las dependencias de la PFA de las provincias de Córdoba y Chaco (DUOF): durante su realización se secuestraron, en los domicilios allanados, todos los dispositivos que se habrían utilizado en la maniobra, en rigor teléfonos y computadoras.
Fuentes al tanto de la investigación destacaron que el avance de estas causas judiciales demuestra que “ya no es gratuito el anonimato de las redes” y afirmaron que este tipo de nuevos delitos puede terminar en penas graves.
También señalaron que debería evaluarse la eventual responsabilidad de las firmas que administran las plataformas virtuales en la proliferación de este tipo de mensajes amenazantes, y reclamar su colaboración para evitar que crezca el discurso del odio.