El Gobierno dio de baja los contratos de los empleados públicos que ingresaron este año. Con la firma del presidente Javier Milei este martes por la madrugada fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 84/2023 que confirma la medida. El Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que están en funciones desde antes de 2023.

En efecto, el artículo 1° establece que «las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas».

De esta manera, se abarca a los empleados transitorios «y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023», de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.

«En la Administración Pública, cuesta encontrar antecedentes de un ataque de tal magnitud a todos los derechos laborales. Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido», señaló Rodolfo Aguiar el titular de ATE.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que se movilizará este miércoles en una nueva Jornada Nacional de Lucha para reclamar contra el decreto mediante el cual se pretende despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional. «Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido», apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

«Los trabajadores en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables para garantizar el funcionamiento de todas las áreas del Estado, independientemente de cuál sea la modalidad de su vínculo contractual», aseguró. La conducción nacional se movilizará a partir de las 11 en Talcahuano y Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia de la Nación. En el resto de las provincias, la jornada se desarrollará con paros, movilizaciones, asambleas y cortes de ruta.

En este marco, Aguiar señaló: «Los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha. No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno”.

«Si el Gobierno avanza con estas cesantías, de manera directa se estará afectando a los trabajadores y familias, pero indirectamente la perjudicada será toda la comunidad. En el Estado cualquier despido se traduce en una pérdida de derechos para todo nuestro pueblo», indicó el dirigente.

Además de los despidos, el Gobierno renovaría tan solo por 90 días los contratados de forma irregular. En este sentido, Aguiar apuntó: «La agresión a los estatales es tan grave que hasta quieren poner en disponibilidad a más de 70 mil trabajadores. Renovar los contratos solamente por un plazo de tres meses nos coloca frente a un estado de máxima precarización. En la Administración Pública cuesta encontrar antecedentes de un ataque de tal magnitud a los derechos laborales».