El Gobierno jujeño acusa a la empresa de daños y perjuicios económicos y ecológicos. La compañía china se fue del país y por lo que se buscar recargar el peso del embargo contra uno de sus socios.
Petro AP operaba 35 pozos en el yacimiento Caimancito, que se encuentra pegado al parque nacional de Calilegua, en Jujuy pero decidió irse del país dejando a 20 familias en la calle. Si se le suma los trabajadores en Mendoza y Salta son un total de 300 familias en la calle. Ese no fue el único problema ya que la compañía china tampoco se hizo cargo del plan de cierre de pozos durante ocho años. Es por eso que el Gobierno de Jujuy quiere que la empresa o sus socios paguen por los daños que ocasionó Petro AP al haber abandonado sus proyectos en la provincia.
En este marco, el juez federal Esteban Hansen embargó a la compañía por 150 millones de dólares en conceptos de daños y perjuicios por haber abandonado intempestivamente su trabajo hidrocarburifero, a los trabajadores, a sus proveedores y a los pozos petroleros que exploraban generando un riesgo de daño económico y ecológico.
Según informó Clarín, Hansen avanzó contra Petro AP S.A, de Petro AP Hong Kong, y de la TCL Group ya que Petro AP no se encuentra en el país. TCL es la única que está en Argentina, a través de Radio Victoria Fueguina, que ensambla productos electrónicos en Tierra del Fuego, según la denuncia del fiscal. Por eso ahora, Jujuy busca recargar el peso del embargo en TCL.
Las negociaciones son “amistosas”. Es que el Gobierno jujeño busca no dañar el vínculo con su principal inversor extranjero. Jujuy tiene una decena de empresas chinas afincadas en la provincia, entre ellas gigantes como Huawei y Powerchina. “Esto es un problema privado y no político”, aseveraron desde el Ejecutivo de Gerardo Morales.