Familiares y organizaciones civiles renovaron el pedido de justicia al cumplirse este sábado 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el militante y testigo clave contra parte de los represores última dictadura militar.

López desapareció de su casa en el barrio platense de Los Hornos el 18 de septiembre de 2006 cuando tenía que presentarse en la sede municipal para presenciar los alegatos del juicio que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata seguía al represor Miguel Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.

El hombre había sido secuestrado en 1977 y estuvo detenido hasta mediados de 1979 en cinco centros clandestinos de detención, y al declarar en la causa, había sido muy claro al identificar a Etchecolatz como quien dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura con picana en una sede policial platense.

Albañil y militante peronista, López también había realizado varios reconocimientos oculares en los centros donde estuvo detenido, como la comisaría quinta de La Plata y el Pozo de Arana. El oficio que tenía le permitió identificar lugares de cautiverio, aun cuando algunos de ellos habían sufrido remodelaciones.

Aquella mañana del 18 de septiembre de 2006, sobrevivientes de la última dictadura esperaron por horas que el hombre fuera a presenciar los alegatos, pero López nunca llegó y hasta hoy se ignora dónde está.

Desde la organización Justicia Ya La Plata -que presentarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- denunciaron quince “años de impunidad y encubrimiento”. Hace 7 años desde la querella de Justicia Ya La Plata llevamos la causa ante, y sigue sin dar una respuesta.

También cuestionaron el estancamiento de la investigación y la falta de “políticas concretas que permitieran el avance” en la pesquisa, tanto de funcionarios gubernamentales como miembros de la justicia provincial y federal, que “construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad”.

Según recordaron, “los tres primeros meses la jueza de Garantías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extravío o una ausencia voluntaria, desconociendo el planteo de los organismos, que señalamos que se trataba de un secuestro político”.

El expediente luego pasó a manos de los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza y ahora Ernesto Kreplak, “investigación federal que solo agregó miles de fojas inconducentes en la causa: realizaron allanamientos pre avisados y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista útil para hallar a López, o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparición, promovieron búsquedas alocadas inducidas por videntes, apuntaron al entorno de la víctima y a los organismos que habíamos acompañado al testigo. Pero esencialmente jamás profundizaron las pistas que iban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario y mucho menos indagaron a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz”.

“A López le llevó nada menos que 30 años llegar a juicio con su caso. Pero está nuevamente desaparecido. Ya pasaron más de 45 años de que ocurrió el Genocidio en nuestro país y aún hay miles de compañeros y compañeras que no han accedido a un mínimo de reparación por justicia. Por esto, a 15 años de la segunda desaparición forzada de López, continuamos denunciando la política de impunidad expresada en el estiramiento indefinido de los juicios, la apelación a la impunidad biológica, las domiciliarias y los juicios a cuentagotas”, señalaron.