El Gobierno busca mejorar la gestión de los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras para asegurar la estabilidad fiscal de los proyectos que se puedan desarrollar o ampliar en el país.
Además del trabajo en normativas específicas que brinda la Ley 24.196, sancionada en 1993, el Gobierno nacional buscará el tratamiento parlamentario de un proyecto de Ley de Cierre de Minas, así como avanzar en la transparencia de la información y el acceso de la sociedad civil a la actividad.
“Queremos mejorar la gestión de los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras, para que esos beneficios se reinviertan en exploración y en ampliar los proyectos”, aseguró la secretaría de Minería de la Nación, Carolina Sánchez, en diálogo con Télam.
La ley que crea el régimen de inversiones mineras ofrece a las empresas gozar de estabilidad fiscal por 30 años a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad, lo que alcanza a todos los tributos directos, tasas y contribuciones impositivas, aunque excluye al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sánchez expresó la voluntad de “mejorar el acceso a la ley de inversiones mineras, pero sobre toda achicar los plazos de los beneficios que otorga para alentar mas inversión”, por ejemplo apuntando a la devolución anticipada de IVA a la exploración.
“Como cierre de estos cuatro años de gestión, el Gobierno quiere consolidar un contexto de confianza que se construye con una estabilidad macroeconómica y otra con un plan de desburocratización, una gestión ordenada digitalmente con transparencia en la información y en la gestión de los permisos mineros”, detalló.
Otro de los grandes pilares que buscará consolidar la gestión en 2019 será mantener el trabajo con el Consejo Federal Minero, para promover las prácticas de minería responsable.
“En Argentina somos muy jóvenes en minería, nos falta desarrollar la actividad y tenemos la gran oportunidad de hacerlo aplicando las mejores tecnologías y técnicas disponibles en el mundo para evitar los daños al ambiente, pero a la vez que la sociedad participe de los monitoreos y de decisiones de la inversión local que trae la minería”, consideró la funcionaria nacional.
Por otro lado, la funcionaria consideró que para marzo próximo serán nueve las provincias incluidas en el catastro minero digital “en el camino de la transparencia de la información minera”, lo que redunda en una mayor confianza de los inversores en este sector.
El Gobierno nacional también se propone para el próximo año “cerrar y mandar a tratamiento legislativo un proyecto de Ley de Cierre de Minas -previsto en el Acuerdo Federal Minero-, que será algo fundamental porque en los próximos diez años se viene el cierre de algunos grandes proyectos”.
Pero sobre todo la nueva legislación incorporará el criterio que el cierre de mina debe ser incorporado desde el diseño del proyecto, no sólo desde la ingeniería sino también desde el financiamiento, por los altos costos que implica.