Obtuvo media sanción el Proyecto de Ley sobre Consenso Fiscal

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La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley el proyecto el Consenso Fiscal firmado entre el Poder Ejecutivo Nacional y 21 provincias administradas por el oficialismo y la oposición, cuyo objetivo es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país.

La iniciativa fue sancionada en una sesión especial presidida la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, en la que también se debatirá el proyecto de prórroga de seis impuestos que vencen a fin de año, y cuya recaudación está prevista en el Presupuesto 2023 que el Gobierno presentará esta noche

El respaldo al Pacto Fiscal contó con 136 votos a favor que fueron aportados por el Frente de Todos, interbloque Federal, Provincias Unidas, Bloque Ser, y diputados radicales que responden a los mandatarios de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gustavo Valdés.

De manera negativa se pronunciaron 108 legisladores, en su mayoría de los bloques de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, Avanza la Libertad y el Frente de Izquierda. En tanto que se registraron 4 abstenciones, de diputados del radicalismo mendocino.

El acuerdo fiscal fue firmado en marzo pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 mandatarios provinciales.

El entendimiento no fue rubricado por San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El eje del debate de los legisladores de las distintas fuerzas -que se inició pocos después de las 13- fue si el acuerdo fiscal permite aumentar impuestos provinciales como Sellos e Ingresos Brutos, al dejar sin efecto la obligación de la baja de esos tributos firmado en el pacto del 2017

El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

El acuerdo federal busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.

Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.

También contiene un capítulo denominado “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de “responsabilidad fiscal” fija que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB”, entre otras cuestiones.

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