Burford Capital: Argentina deberá pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF

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Argentina sufrió una gran derrota legal el viernes cuando la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló a favor del fondo Burford Capital y resolvió que Argentina deberá compensar con casi US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012.

La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska en Manhattan falló a favor de Burford Capital, que financió el litigio iniciado por los accionistas Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management LP y, según documentos judiciales, tenía derecho a un 70% y un 75% respectivamente de sus daños.

Los demandantes habían pedido 16.050 millones de dólares, mientras que Argentina dijo que no debía más de 4.920 millones de dólares, según muestran documentos judiciales.

Argentina había argumentado que un gran pago “cargaría aún más a una nación soberana con una población que soporta desafíos económicos apremiantes y excedería con creces el presupuesto de Argentina para muchos servicios críticos”.

Burford, una empresa de financiación de litigios, en un comunicado reconoció el fallo y dijo que lo estaba revisando y analizando. Sus acciones subieron un 17,2% a 16,25 dólares en las operaciones del viernes.

Preska falló después de un juicio sin jurado de tres días celebrado a finales de julio. Un abogado de Argentina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Anteriormente había dictaminado que Argentina había incumplido sus obligaciones con los accionistas al apoderarse de la participación del 51% de YPF en manos de Repsol sin licitar por las acciones restantes, incluidas las de Petersen y Eton Park.

El juicio se refería a cuánto debía Argentina en concepto de daños y perjuicios.

Los abogados de los accionistas solicitaron 8.430 millones de dólares en daños y perjuicios más 7.620 millones de dólares en intereses previos al fallo, según muestran documentos judiciales.

Esas estimaciones se basaron en la confiscación de las acciones de YPF por parte de Argentina el 16 de abril de 2012, que según los accionistas transfirió el “control”, más un interés anual del 8%, basado en las tasas comerciales del 6% al 8% cobradas por los tribunales argentinos.

Argentina respondió que la fecha de activación era el 7 de mayo de 2012, cuando la ley le permitía ejercer los derechos inherentes a las acciones incautadas, y la tasa de interés debía ser cero o como máximo 3%.

Respuesta del Gobierno argentino

Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, comunicó a través de Twitter que “el gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”. Dijo que el presidente Alberto Fernández “analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro”, y que seguirán defendiendo “la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”.

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