Cambios en la Ley de Alquileres: el Gobierno promoverá “la libertad de las partes en contratos privados”

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Se confirmó la intención de realizar cambios y correcciones sobre la Ley de Alquileres. El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que habrá “novedades” al respecto, mientras se conoció en las últimas horas el preparado de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para avanzar con la desregulación de la economía.

Dentro de ese DNU, el mercado inmobiliario tiene su propio apartado. Adorni adelantó que el Gobierno promueve “la libertad de las partes en contratos privados”, algo que actualmente se encuentra regulado por la Ley de Alquileres, la cual tuvo su última reforma en octubre.

En caso de desregular la actual ley, esto podría impactar en los plazos y actualizaciones de los contratos, así como también en la moneda en la que se cobran. Una posible desregulación permitiría que los precios expresados en el contrato puedan ser establecidos en pesos, dólares, o cualquier otra moneda extranjera que acuerden entre las partes.

Tras ser electo presidente, Javier Milei había adelantado su intención de derogar la Ley de Alquileres y que los contratos se puedan pactar “en cualquier moneda”. Sus dichos impactaron inmediatamente en el mercado inmobiliario y la norma dejó de aplicarse.

En cuanto al DNU que contendría algunas correcciones respecto a los centraros de los alquileres, se espera que se publique entre hoy y el lunes, y serían unas 300 páginas, una extensión sin precedentes. “Fue elaborado en el más absoluto silencio, durante varios meses, por un equipo liderado por Sturzenegger, con la ayuda de varios administrativistas y estudios jurídicos”, explicó el periodista Adrián Ventura.

El objetivo de este decreto sería desregula la actividad económica y productiva, es decir, la reducción de reglamentos gubernamentales que actualmente pesan sobre los agentes económicos. Dentro de los principales puntos de la desregulación de la economía se encontraría el fin al control de los precios de bienes de consumo – incluidos los alimentos de la canasta básica – y la libre exportación, lo cual, según considera el Gobierno, impide el desarrollo del sector privado.

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