Un Juez de Mendoza resolvió que los presos ya no podrán usar celulares dentro de las cárceles. Sebastián Sarmiento explicó que ya finalizó la emergencia sanitaria que había impuesto el Gobierno Nacional por la cuarentena por Covid-19.
El 31 de diciembre de 2023 cuando venció el plazo impuesto por el Gobierno anterior sobre la tenencia autorizada de teléfonos celulares dentro de los penales.
Por este motivo, el Juez decidió el 1 de enero de 2024 realizar una prórroga por 10 días y convocó a una audiencia donde diversos actores del tema expusieron.
El juez hace referencia al artículo 174 de la Ley Provincial N° 8465, de Ejecución Penal. Esta ley establece que “están prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”. Gracias a la excepción sanitaria, los presos pudieron tener celulares y aproximadamente el 60 por ciento de la población intramuros de la provincia tenía teléfono móvil registrado y permitido. Con el tiempo y las pruebas así lo demuestran, los celulares se han utilizado para cometer delitos desde las penitenciarías. En contrapartida se sostiene que los celulares pueden ser una herramienta útil para la reinserción social de los presos, al permitirles mantener contacto con sus familiares y acceder a información y servicios que les ayuden a preparar su salida de prisión.
Los que se mostraron en contra de la resolución sostienen que “la utilización de celulares es un derecho humano básico que deben tener todas las personas”.
Mientras que los demás, como el Ministerio Público Fiscal provincial y el Servicio Penitenciario mendocino, ratificaron que debía aplicarse la anterior ley.
Con lo dialogado, Sarmiento detalló: “El Servicio Penitenciario sólo podrá retirar los equipos de telefonía celular en aquellos sectores donde se le garanticen una frecuencia de visitas igual a que le se venía usufructuando, previa al inicio de la pandemia en el año 2020″.
Además, señaló que las mujeres presas seguirán teniendo dicho beneficio para facilitarles la comunicación con sus hijos.