El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anticipó hoy que el Consejo Económico y Social trabaja en “un pacto para el buen uso de las redes sociales”, para que se deje de “intoxicar la democracia”.

“Ya estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”, anunció Beliz durante la presentación de la Agenda Productiva Federal en el marco del Consejo Económico y Social.

El funcionario aseguró se han convocado a 40 universidades del país para “pensar y proponer estas iniciativas”.

“Redes para el bien común es un programa que, a partir de la adhesión de la República Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet”, se detalla en la web del Consejo.

La idea es “aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales, avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social”.

De entrar en vigencia, se pondrá el eje en “la preocupación real y concreta de las democracias contemporáneas ante los efectos negativos de la desinformación y los discursos de odio para reducir su incidencia es una tarea compleja que requiere que se convoque a un debate amplio con la participación de toda la sociedad”.

“Con ese fin, desde el programa Redes para el bien común se organizarán Foros abiertos sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación. Se trata de encuentros que se llevarán a cabo, durante los meses de octubre y noviembre, en 5 regiones del país: norte, centro, cuyo, sur y bonaerense”, se indicó.

El objetivo es formular recomendaciones basadas en evidencia para la adopción de políticas públicas que permitan construir entornos digitales respetuosos; desarrollar investigaciones que incrementen el conocimiento de los problemas de mayor relevancia en el campo de las comunicaciones en entornos digitales; evaluar el grado respeto a los principios del Pacto Internacional para la Información y la Democracia por parte de las entidades que integran el ecosistema digital del país.