Aumentos de tarifas en febrero, el plan de “transición” del Gobierno para la energía

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El Gobierno convocó a dos audiencias públicas en enero, para definir las tarifas de gas y energía eléctrica. Cómo serían los aumentos.

El Gobierno convocará a una nueva audiencia pública a las empresas que prestan los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, para definir el aumento de tarifas durante 2023.

La audiencia se realizará el miércoles 4 de enero de 2023 y la intención oficial es que los incrementos para los hogares, comercios y pequeñas industrias se hagan efectivos en febrero.

La Resolución 523/2022 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) fue firmada el miércoles pasado por su interventor, Osvaldo Pitrau, y se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.

Las firmas Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor, Gas NEA, Redengas, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) tendrán tiempo hasta el viernes 16 para hacer sus presentaciones ante el Enargas y confeccionar los cuadros tarifarios de “transición” en los que se materialicen los pedidos de suba de sus ingresos.

Durante 2022, las distribuidoras tuvieron una actualización de su remuneración de un 36% (luego de otro casi 25% en 2021) y las transportistas lograron un 60% tras tres años de congelamiento de tarifas.

Se espera que para hacer aterrizar la inflación en un 60% anual en 2023, el Gobierno actualice aumentos en porcentajes similares a la evolución “deseada” de los precios, luego de haber pactado el programa Precios Justos con compañías productoras de alimentos, artículos de higiene y limpieza personal, otros elementos de consumo masivo y hasta los combustibles que comercializan las petroleras.

PLAN GAS
En el transcurso de esta semana, las petroleras presentarán sus ofertas para la asignación de cupos de las nuevas rondas del Plan Gas, el programa oficial de incentivos a la producción que garantiza precios y contratos a mediano plazo, al tiempo que el Estado se compromete a pagar la diferencia de lo que no abonan los usuarios, vía subsidios.

La reglamentación del Plan Gas fue cuestionada por las distribuidoras, ya que no se garantiza el traslado del precio del gas a los usuarios.

INTERVENCIÓN
Mientras tanto, la semana pasada el Gobierno prorrogó por un año el plazo de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 815/2022.

En el mismo, prolongó también por un año la intervención en los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), actualmente a cargo de Walter Martello y Osvaldo Pitrau, respectivamente, “hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los acuerdos definitivos de la RTI”.

En efecto, se suspendió por un año el proceso por el cual las empresas como Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, TGS y TGN, entre otras, comprometen inversiones a mediano plazo (5 años) a cambio de tarifas que garanticen los ingresos suficientes para hacer frente a esos costos.

Mientras tanto, se instrumentarán nuevas tarifas de “transición”, para que las compañías puedan saldar los gastos en salarios, mantenimientos mínimos que aseguren la confiabilidad del servicio y los impuestos. Eso es lo que se tratará en las audiencias del miércoles 4 (gas) y el lunes 23 de enero (energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA).

Así las cosas, la normalización del sector energético y el fin de la intervención de los entes reguladores quedará para la próxima gestión, ya sea la reelección del Frente de Todos o con el arribo de Juntos por el Cambio u otras opciones partidarias.

 

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