La Argentina propuso pagarle US$15.100 millones al buffet de abogados Burford, que obtuvo una sentencia favorable por US$16.000 millones en el juicio en el que se discutió la expropiación de YPF.

Un escrito presentado por el estudio Kellogg, Hansen, Todd, Figel y Frederick, que representa Burford, asegura que “lamentablemente, la Argentina se ha negado a consultar con las Demandantes de buena fe para preparar una presentación conjunta. En su lugar, la República ha convertido un simple ejercicio de lectura del fallo en un ataque colateral a la orden de este Tribunal con su intención de volver a litigar asuntos ya resueltos.

El país debía presentarse para evitar que el fallo quedara firme habiéndose negado a dialogar por un acuerdo, con lo cual asumía el riesgo que la sentencia de US$16.000 se convierta en un piso que podía incrementarse.

Esta presentación es un reconocimiento del fallo de su monto que ahora deberá negociar.

Buford había denunciado que Argentina no quería sentarse a negociar, pero finalmente se conoció la presentación hecha por los abogados que representan al país en Estados Unidos y se abre una nueva instancia.

Debido a las características del juicio aún restan varias etapas procesales hasta que el país deba pagarle a Burford.

La semana pasada la jueza del distrito sur de Manhattan Loretta Preska dictaminó que el Estado argentino –no la compañía- debía resarcir a los demandantes por la forma en que el gobierno de Cristina Fernández, junto a Axel Kicillof, expropió la petrolera en 2012.

En las últimas horas, un artículo del influyente diario Financial Times publicó un artículo bajo el título “Después del fallo la próxima batalla de Burford será lograr que la Argentina pague”.

De acuerdo al especialista, Sebastián Maril de Latin Advisor, el monto a pagar por la Argentina tiene una tasa variable que por estos días es de 5,4%, que obviamente ya están corriendo y obligan al país a plantear una estrategia para cerrar el caso.

El Estado argentino fue condenado por no cumplir con los estatutos de la compañía, que se alcanzaban un estatus jurídico mayor a las decisiones soberanas por su cotización en la Bolsa de Nueva York.

Si bien la cara visible de los demandantes es el estudio Burford, la sentencia también incluye al pool judicial Eton Park, cuya participación es menor.

Tras conocerse la decisión de Preska que lleva al país a sumar deuda por US$16.000 Cristina Kirchner y Kicillof la cuestionaron duramente y volvieron a apelar a la calificación de “buitres” para describir a quienes llevaron adelante el litigio.

“Después del fallo de USD 16.000 millones, la próxima batalla de Burford será lograr que la Argentina pague”, dice el título de un extenso artículo de Financial Times sobre la reciente decisión de Preska.