La reforma del sector de hidrocarburos, incluida en la llamada ‘ley ómnibus’, proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei, se topó con el rechazo de las diez provincias petroleras, que se oponen a ceder la administración del suelo al Ejecutivo nacional.

Los gobernadores integrados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) han ratificado la defensa del dominio originario y las facultades de administración de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en sus territorios y han rechazado la iniciativa de reforma del Ejecutivo nacional porque menoscaba sus facultades.

Las provincias argentinas son titulares del dominio y de la administración sobre los recursos naturales en su territorio, entre ellos, los yacimientos de hidrocarburos, según la Constitución argentina, y las provincias con estas reservas coordinan sus acciones mediante la Ofephi.

El Gobierno de Milei presentó el proyecto de ley denominado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que, entre otros aspectos, propone modificar la ley de Hidrocarburos actual, y que se encuentra desde la semana pasada en las comisiones de la Cámara de Diputados para poder llevarlo al recinto como máximo la próxima semana.

En una carta firmada el miércoles, los gobernadores rechazan el proyecto de ley en su declaración “de todos aquellos artículos que impliquen o puedan interpretarse como un menoscabo o limitación a las facultades de administración” de las provincias hidrocarburíferas y “del dominio originario” sobre sus recursos naturales.

Los gobernadores firmantes solicitan al Ejecutivo nacional “un ámbito deliberativo, real y oportuno, para analizar en profundidad las adecuaciones propuestas” que, en su opinión, “modifican de manera sustancial el régimen actual”.

Y consideran que, para explotar los hidrocarburos, necesitan “imperiosamente el concurso del gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional”.

En ese sentido, defienden los procesos licitatorios para otorgar permisos y concesiones y solicitan que quede “claramente establecido” que las provincias elaboren los pliegos de condiciones, rechazan las propuestas que restrinjan la capacidad de acción de las autoridades de aplicación provinciales o de prorrogar el vencimiento de las concesiones vigentes.

También piden revisar los artículos que limitan el accionar de las empresas provinciales.

Los Gobiernos provinciales están en desacuerdo con que el Ejecutivo nacional elabore una legislación ambiental uniforme a nivel nacional para el sector de los hidrocarburos y rechazan la delegación de facultades en materia ambiental.

Respecto del cobro de derechos de exportación a las petroleras, piden que no se pueda incrementar del 8 % actual, y respecto del régimen de incentivo para grandes inversiones, que se adecúen los parámetros para que los sectores de energía puedan seguir siendo considerados.

Las diez provincias integradas en el organismo son Río Negro, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

De ellas, Neuquén es donde tiene epicentro la enorme formación Vaca Muerta, que es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.