ENARGAS exigió que se declaren nulos los aumentos otorgados a Camuzzi y TGS

Esas empresas fueron las dos primeras en ser analizadas por la intervención sobre un total de 11 transportadoras cuya revisión demandará aproximadamente 60 días.

El interventor del ENARGAS, Federico Bernal, solicitó al Gobierno nacional que se declaren nulos los aumentos otorgados a las distribuidoras Camuzzi Pampeana y Transportadora de Gas del Sur (TGS) a través de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016.

“Le recomendé al Poder Ejecutivo anular las tarifas de Camuzzi Pampeana y TGS y que se las revoque por ilegítimas”, manifestó Bernal en declaraciones radiales.

Esas empresas fueron las dos primeras en ser analizadas por la intervención sobre un total de 11 transportadoras cuya revisión demandará aproximadamente 60 días.

Bernal sostuvo que los pasos a seguir luego de finalizada la revisión serán “pasar a una tarifa de transición y a nuevos cuadros tarifarios para el año próximo”, regulados en el marco de la Ley del Gas 24.076.

Se buscan “tarifas justas y razonables que se puedan pagar, ese es el punto de partida”, remarcó el funcionario al respecto.

Sobre una eventual devolución a los usuarios de los importes cobrados de más, Bernal dijo que “es una decisión que va a tener que tomar el Poder Ejecutivo Nacional”.

Añadió sin embargo que “veo más práctico que este monto de US$ 1.343 millones de ingresos adicionales se pongan en la mesa de negociación de lo que se viene, que es cuánto se van a pagar las tarifas a partir del año próximo”.

Bernal se refirió asimismo a la necesidad de refundar una política de subsidios y una tarifa social y de que se abandonen las subvenciones a las empresas.

“Que el subsidio vaya para los que más necesitan, los usuarios, y que las empresas se pongan las pilas y empiecen a producir como hasta 2015”, enfatizó.

Bernal analizó la situación tras presentar ayer una nueva denuncia contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis ex funcionarios de su cartera, por supuestas anomalías detectadas en las auditorias que habrían reflejado un perjuicio a los usuarios por más de 1.343 millones de dólares, a través de los incrementos injustificados de tarifas.